Diario de León

EL CHIRINGUITO FINANCIERO DE LA CAJA

«A mi madre le obligaron a vender esos productos»

El hijo de la principal imputada declara al juez que los directivos estaban al tanto

La principal imputada por la estafa piramidal de la Caja, a la salida de los juzgados durante una de sus declaraciones

La principal imputada por la estafa piramidal de la Caja, a la salida de los juzgados durante una de sus declaraciones

Miguel Ángel Zamora
León

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María Consolación Suárez vendió los fondos que dieron lugar a la presunta estafa piramidal de la Caja a sabiendas de que eran ilegales pero siempre cumpliendo órdenes de tres altos cargos de la entidad financiera, según la versión aportada al juzgado instructor por uno hijo de la sospechosa, trabajador de Caja España-Duero en el momento de los hechos y que no había prestado su testimonio por miedo a que la entidad tomara represalias contra su persona.

Una vez que el joven se vio afectado por uno de los últimos expedientes de regulación de empleo de la entidad y que ha perdido su puesto de trabajo, ha solicitado declarar de forma voluntaria: «A mi madre le obligaron a vender esos productos. Ellos sabían que era ilegal» dijo en referencia a tres altos cargos directivos de la entidad «pero necesitaban liquidez y le dijeron que tenían que venderlo como fuera y que si pillaban a alguien tenía que exculpar a los demás», manifestó .

Ellos lo niegan

No coinciden sus afirmaciones con las de los tres directivos de la Caja imputados por estas prácticas. El sumario no contiene copia transcrita de sus declaraciones pero sí obra soporte videográfico con los interrogatorios. La versión que ofrecen los tres acusados es la misma: «Ella actuaba por su cuenta y nunca estuvimos al tanto de sus actuaciones. Por supuesto que no hubiéramos consentido esa ilegalidad de haberlo sabido y en ningún caso estuvimos detrás de este caso», señalaron de forma casi unánime cuando fueron preguntados por el juez, al principio de la instrucción.

Pagar un perito

La investigación se está demorando como consecuencia de los retrasos en el análisis de los ordenadores de trabajo de los tres sospechosos de la Caja. La complicada fórmula de encriptado que empleaban para sus comunicaciones hace que entre los letrados de las acusaciones particulares, que defienden a los perjudicados por el caso, se esté planteando la posibilidad de contratar un perito privado, cuyos servicios serían sufragados a partes iguales por los representantes legales de los perjudicados, que temen que a instrucción de esta causa se pueda demorar por espacio de muchos meses más.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligará a establecer en breve plazo de tiempo si se considera que se trata de una causa compleja, en cuyo caso se podría prolongar el periodo de instrucción o si por el contrario es necesario agilizar el trámite con el objeto de determinar si procede o no la apertura de juicio contra los imputados en esta causa. Los más pesimistas consideran que ese momento se antoja muy lejano en el tiempo todavía.

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