El principal imputado por el crimen de Navatejera se niega a facilitar su ADN

La familia de Rocío Fernández Ameijeiras, la joven asesinada en junio de 2005 cuyo cadáver apareció en un vertedero de Navatejera, estudiará la posibilidad de emprender acciones judiciales como consecuencia de la decisión del principal imputado por la muerte de su hija de no someterse a las pruebas de ADN que la Audiencia Provincial había determinado como obligatorias.

La posibilidad de alegar la existencia de un supuesto de obstrucción a la justicia queda en fase de análisis, según reconocieron fuentes de la representación letrada de la familia, que mostró ayer su sorpresa a este periódico por el hecho de que por segunda vez consecutiva, el sospechoso haya decidido hacer caso omiso de las indicaciones de la Audiencia.

Según estas mismas fuentes, anteriormente ya se había aceptado la propuesta de la acusación particular para exigir que M.M.A. se sometiese a una serie de pruebas biológicas con el fin de determinar si su perfil es compatible con los 29 pelos que se hallaron entre las ropas que vestía el cadáver en el momento de su hallazgo.

El doctor Luis Frontela, el forense contratado por la familia para dirigir las cuestiones técnicas de su representación, está firmemente convencido de que al menos 21 de los 29 restos capilares encontrados pertenecen al autor del crimen. De ahí su interés en determinar si esos vestigios biológicos pertenecen al sospechoso o no tienen nada que ver con él.

En nuevo informe redactado por el prestigioso catedrático sevillano, Frontela sostiene que la morfología, el estado de conservación, las condiciones y el análisis de los cabellos le han permitido llegar a la conclusión de que el autor del crimen es la persona de la que se desprendieron esos restos biológicos «en los instantes justamente anteriores a la muerte de la víctima». No obstante, el principal sospechoso ha declarado que él no estuvo con la víctima en las horas previas a su muerte y que es imposible que esos cabellos sean suyos.

La representación letrada de la familia tiene al menos dos líneas de actuación en mente, pero ayer se descartó darlas a conocer. «Las estamos madurado y de acuerdo a las opciones que vayan surgiendo, nos emplearemos en un sentido o en otro», explicaron.

La familia de Rocío Fernández tiene una doble queja por los últimos acontecimientos. Mientras el que ellos consideran principal sospechoso se niega a colaborar con la justicia, desde su punto de vista, se producen situaciones dolorosas que les conciernen.

Hace varias semanas una empresa relacionada con el imputado organizó en la Plaza de Toros un espectáculo que pretendía recaudar beneficios para la lucha contra la violencia de género. «Estando las cosas como están ¿se puede tener tanta cara?». La familia Fernández Ameijieras puso el caso en conocimiento de la asociación feminista a la que iba a ir desatinada la taquilla del espectáculo, que rechazó cualquier vinculación con este evento y ser destinataria de los ingresos obtenidos, según informaron sus dirigentes.

La defensa del imputado entiende que la cadena de custodia de los restos en los que aparecieron los pelos no se mantuvo con las debidas garantías, puesto que el material fue enviado a Sevilla a través de una empresa privada de transporte urgente, con lo que considera que no existen garantías legales de que se haya salvaguardado la integridad de las prendas en las debidas condiciones.

Por todo ello, considera que los pelos hallados carecen de valor probatorio y rechaza la realización de las pruebas por segunda vez.