La sentencia deja mal sabor de boca a todas las partes
Ministerio Fiscal y acusaciones creen que el fallo es muy suave mientras las defensas lo ven muy duro El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictaminará después del verano.
El Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y la acusación popular confirmaron ayer que interpondrán recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tienen diez días para hacerlo y el Alto Tribunal tardará seis meses en resolver.
Emilio Fernández, fiscal jefe de León, Beatriz Llamas y Carlos Rivera en representación de la hija y la pareja de la víctima y Ricardo Gavilanes (letrado del PP para este caso) irán «a bloque» en la presentación del recurso «como ya hicimos con el tema de la libertad provisional de Raquel».
«A nadie le agrada que le revoquen la sentencia» fue el comentario en alusión también al trabajo llevado a cabo por el jurado durante un mes. «Había 84 preguntas que tal y como estaban redactadas, implicaban que el delito estaba implícito en la respuesta», fue la respuesta respecto al error en la formulación del objeto del veredicto que reconoce el magistrado en la propia sentencia.
No acudieron a la notificación de la sentencia los letrados defensores de Montserrat González y Triana Martínez ni el de Raquel Gago. En su lugar lo hicieron sus respectivos procuradores, Miguel Ángel Díez Cano y Luis Enrique Valdeón.
Díez Cano anunció que se presentaría recurso de apelación en Burgos: «Vamos a recurrir la sentencia porque no estamos de acuerdo en absoluto. Lo notificaré inmediatamente al abogado (José Ramón García García) y presentaremos el recurso en el plazo correspondiente», explicó. «Esperemos que en los 125 folios de la sentencia se recojan las contradicciones del jurado» explicó antes de ver la sentencia «y vamos a ir a muerte hasta el final»
Preguntado por el estado de las condenadas, Díez Cano se limitó a especificar que las dos «están bien» antes de abandonar las inmediaciones de la Audiencia Provincial rodeado de una nube de micrófonos.
Por su parte Fermín Guerrero reconoció desde Murcia que la sentencia le había sorprendido: «No era normal que fuese tan dura con Raquel antes ni nos esperábamos esto ahora pero vamos a recurrir porque consideramos que ella es inocente y hasta que no se demuestre no vamos a parar».
Guerrero se mostró satisfecho «en cierta medida» de que se reconozca «aunque sólo sea en parte» algunos de los argumentos que se han esgrimido a lo largo de la vista oral por su parte.
«El objeto del veredicto carecía de la más mínima fundamentación, ya lo dijimos en su momento». En lo tocante a la acusación popular, la sentencia determina que no procede indemnizar al Partido Popular con los 100.000 euros que se solicitaban como reparación por la muerte de la que también era su presidenta y del mismo modo se rechaza el pago de las costas procesales de esta parte con cargo a los fondos de las procesadas.