El magistrado admite la documentación de la fianza de Raquel Gago
Amplía hasta el día 14 el plazo para que Guerrero presente el recurso de apelación.
miguel ángel zamora | león
El magistrado presidente del Tribunal del Jurado que condenó a Raquel Gago como autora de un delito de encubrimiento por su participación en el crimen de Isabel Carrasco aceptó anteayer los documentos que presentó su letrado como garantía de la fianza de 30.000 euros impuesta para garantizar que cumplirá con las obligaciones legales fijadas para permanecer en situación de libertad bajo fianza provisionalmente, hasta que se resuelva el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Así las cosas, ahora el plazo de diez días que se había concedido al abogado de Gago para poder recurrir en Burgos la condena de su clienta y tratar de probar su inocencia, se prolonga ahora hasta el próximo día 14 de abril, a la vista de que el magistrado concede diez días hábiles a Fermín Guerrero para exponer los motivos por los que no está de acuerdo con el sentido de la sentencia posterior al veredicto.
Los otros, hasta el lunes
La representación procesal de Montserrat González y Triana Martínez tiene de plazo hasta el lunes para poder llevar a cabo el mismo trámite, que solamente resta por completar en el otro lado de la balanza al Ministerio Fiscal (tenía prácticamente ultimado el documento en las últimas horas) y a la acusación popular, que sustenta los derechos del Partido Popular en la causa, que también recurre porque se desestimaron parte de sus pretensiones.
Un cálculo somero de los plazos que pueden transcurrir hasta que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictamine sobre el recurso lleva a considerar que no parece muy probable que antes del mes de septiembre se emita una sentencia al respecto, aunque en cualquier caso siempre caben las modificaciones de última hora. Por el momento, el único recurso cuyo contenido se ha hecho público es el de la acusación particular, que encarna la defensa de los intereses de la hija de la víctima y al que se ha adherido también la representación letrada de la pareja de la fallecida.