León suma otros 124 ERE en tres meses y 40 concursos pendientes

maría j. muñiz | león

«Hay razones más que suficientes para sumar y decir ¡basta ya! No es cuestión de ideología, es cuestión de sentido común». Los sindicatos mayoritarios llaman a la movilización de los trabajadores en el Primero de Mayo, con mayor motivo en una provincia como León, en la que el pulso de la dinámica laboral está a la cola del país. De hecho, sólo Orense tiene menos porcentaje de ciudadanos en edad laboral trabajando.

La realidad de la economía local se demuestra además con datos que evidencian la parálisis empresarial: sólo en los tres primeros meses de este año 124 expedientes de regulación de empleo se han sumado a los ya existentes; mientras el Juzgado de lo Mercantil tiene aún pendientes de resolución 40 concursos de acreedores. Algunos de ellos afectan a cientos de trabajadores.

Los expedientes de regulación del primer trimestre afectan a un total de 1.139 trabajdores de la provincia; 102 sujetos a rescisión de contrato, otros 396 de suspensión temoral y otros 641 de reducción de jornada.

Resignación

Un panorama frente al que en la sociedad leonesa «empieza a cundir la resignación», un sentimiento contra el que UGT y CC OO llaman a la movilización. «No es momento de quedarse en casa, hay que trasmitir a los partidos políticos que ya no admitimos más deterioro en la provincia, ni en su estructura productiva ni en los derechos que pierden los ciudadanos. Derechos en el trabajo, a cuenta de las reformas laborales; y derechos sociales, que nos afectan desde la reducción de las prestaciones por desempleo a las de dependencia. Y derechos ciudadanos que no sólo afectan a los recortes en sanidad, educación o dependencia; sino que llegan a la aplicación de la Ley Mordaza o el Código Penal contra quienes reivindican sus libertades».

CC OO y UGT ponen al Primero de Mayo de este año un «lema muy sencillo, trabajo y derechos, dos especies en vías de extinción». Y lamentan que a estas alturas «haya que convocar movilizaciones que se rebelen contra la pobreza salarial y social».

Los máximos responsables de los sindicatos mayoritarios en la provincia, Ignacio Fernández y Enrique Reguero, denuncian el fracaso de las dos últimas reformas laborales, «que no sólo no han creado empleo suficiente sino que han generado contratos peores y peor pagados».

Una situación que se pone en evidencia «con mayor crudeza en las situaciones de desigualdad y pobreza»; y que desvelan con elocuencia datos como el de la última Encuesta de Población Activa. Que reflejan que la crisis no sólo no ha terminado, sino que «hay un nuevo hundimiento».

La pérdida de derchos de los ciudadanos se explica en «asuntos conretos, como la desuniversalización de la sanidad, que no sólo afecta a los extranjeros; el copago de medicamentos, la limitación de la dependencia,... Pero también en la aplicación de la Ley Mordaza, o la aplicación franquista del Código Penal, que ha llevado a 300 sindicalistas a los tribunales, de donde están saliendo porque tienen razón».