SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Hacienda deja sacar a concurso las 39 plazas de los subrogados de Limpieza
Esa medida permitiría que los trabajadores no se rigieran por su viejo convenio, más favorable.
p. infiesta | san andrés
El Ministerio de Hacienda ve factible sacar a concurso las 39 plazas que ahora ocupan los ex trabajadores de Urbaser subrogados tras la municipalización del servicio en 2012. Eso permitiría al Ayuntamiento cubrir por «igualdad, mérito y capacidad» los puestos y pasar a aplicarles el convenio municipal, dotándoles del mismo sueldo que el resto de empleados del Consistorio.
Las diferencias salariales generaron malestar entre los trabajadores de San Andrés, aunque los jueces dejaron claro que los ex empleados de Urbaser debían regirse por el convenio más favorable de la ex adjudicataria, lo que supuso un desembolso de medio millón de euros por los adeudos desde 2012, en que se municipalizó limpieza y basuras, además de aumentos mensuales en algunas nóminas de ese personal de hasta un 25%. Un conductor de los camiones de la basura cobraba con la ex contrata 2.800 euros y un barrendero 2.100 euros brutos, frente a los 1.700 y 1.500 euros que regirían al asumir la gestión el Ayuntamiento.
En cuanto a los trabajadores de limpieza de Interiores, su salario de 1.900 euros se rebajó en 300 euros al mes respecto a lo que percibían con Urbaser cuando fueron asimilados al convenio de San Andrés, y se quedaron con 14 pagas en vez de las 16 que disfrutaban. Dos cuestiones que el juez ordenó rectificar. El Ministerio entiende que la figura de trabajadores indefinidos no fijos en que se englobó a estos 39 empleados es una denominación jurisprudencial, a efectos de la sentencia, pero no existe en la Administración. De ahí que permita resolverla con la negociación o a través de un concurso de las plazas.
«Siempre que sea posible, deberá compaginarse el cumplimiento de la sentencia con la limitación de las condiciones retributivas en las que presten el servicio», señala el informe ministerial. Hacienda también recuerda que «existe una normativa presupuestaria que establece limitaciones a los incremento retributivos del personal del sector público, sin que la subrogación suponga una excepción a la aplicación de dichos criterios».