El juez rechaza el aval de la familia leonesa Alonso para liberar a Mario Conde

dl | redacción

No lo va a tener fácil Mario Conde si quiere quedar en liberad provisional con el pago de la fianza de 300.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le impuso el martes pasado. El instructor del caso, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, rechazó ayer las garantías hipotecarias presentadas por sus dos amigos leoneses, los hermanos Jaime y José Angel Alonso García, ante el riesgo de que puedan resultar un engaño. El abogado leonés ya avanzó el mirércoles que si era denegada, buscarían «otras fórmulas» para sacar a su amigo.

En el ánimo del magistrado han pesado los antecedentes del ex banquero, que le recuerda el Ministerio Público en un informe al advertir de «presuntas maniobras torticeras» realizadas en el pasado por el que fuera presidente de Banesto «con varias de las fincas decomisadas» para impedir su ejecución definitiva. Aún quedan por cubrir otros 14,1 millones de responsabilidad civil dentro del caso.

La Fiscalía señala dos ejemplos al respecto, las fincas de Los melonares (Sevilla) y Can Poleta (Mallorca). La primera fue hipotecada por Conde a través de terceros haciendo «inoperante» su ejecución judicial, mientras que la segunda fue puesta a nombre de una firma luxemburguesa para el mismo fin. Por eso el juez teme que el exbanquero termine intentando una maniobra similar, máxime cuando el juzgado —recuerda la fiscal— «no puede ejercer un control constante y férreo sobre cualquier vaivén transaccional» de las cuatro fincas en la isla canaria de Fuerteventura aportadas por los dos amigos leoneses, que son altos cargos de la Fundación Francisco Franco y socios de Conde en la sociedad Los Carrizos. Anticorrupción ha pedido investigar esos vínculos, además de con algunos de los «más próximos familiares o allegados» al ex financiero.