Los abogados leoneses se sumarán a la mediación como alternativa para los conflictos
La iniciativa pretende reducir la cifra de asuntos que tienen que solucionarse por juicio.
Fachada del Ilustre Colegio de Abogados de León. RAMIRO
m.a.z. | león
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, firmaron ayer un convenio de colaboración entre ambas instituciones que tiene por objeto aplicar e impulsar la mediación como fórmula de solución de conflictos. Los abogados leoneses se sumarán a esta novedosa iniciativa.
Ambas partes se comprometen a ofrecer este instrumento, en los casos que proceda, a las partes en litigio en los procedimientos sometidos al conocimiento de los Juzgados y Tribunales, con la finalidad de conseguir una solución más ágil y rápida a sus pretensiones.
Además, el CGPJ promoverá las actuaciones necesarias para la adecuada coordinación con los órganos jurisdiccionales de los diferentes proyectos de mediación que se pongan en marcha a raíz de la firma del convenio, impulsará la mediación intrajudicial entre los jueces y magistrados y contribuirá a dotarles de herramientas para su implementación en el ejercicio de su labor jurisdiccional. Por su parte, el CGAE promoverá que los abogados conozcan este sistema y que, en el desarrollo de sus funciones, informen y asesoren a las partes en litigio sobre la posibilidad de someter las controversias a mediación y las ventajas que ofrece acudir a ella, facilitando la comunicación entre las partes, el órgano jurisdiccional y el correspondiente Servicio de Mediación colegial.
Los Colegios de Abogados podrán adherirse al convenio mediante comunicación al Consejo General de la Abogacía Española, que a su vez lo pondrá en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces a los efectos oportunos.
Con la firma de este convenio, el Consejo General del Poder Judicial ya ha establecido acuerdos marco de colaboración en materia de mediación con todas las Administraciones y operadores jurídicos: Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias transferidas, Fiscalía General del Estado, Consejo General de Procuradores de España y Consejo General de la Abogacía.