Europa se apunta al temor de los bancos y limita la devolución de las cláusulas suelo de casi 50.000 leoneses

maría j. muñiz | león

Decepción para los ciudadanos hipotecados y respiro para las entidades financieras. Al final el efecto que la decisión habría tenido sobre las cuentas de los bancos y la recuperación económica (y con ello también sobre los ciudadanos) ha podido más que los derechos vulnerados por la aplicación en otro capítulo más de cláusulas abusivas sobre los usuarios. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó ayer la decisión del Tribunal Supremo español que decidió limitar la devolución de lo cobrado de más a cuenta de las cláusulas suelo a mayo de 2013, cuando fueron judicialmente declaradas abusivas.

Esta decisión no es vinculante para el alto tribunal europeo, que deberá dejar clara su postura definitivamente antes de final de año, pero la tradición dice que los dictámenes suelen coincidir. De mantenerse el criterio del abogado general, las entidades financieras españolas no tendrían que devolver lo cobrado de más a sus clientes antes de mayo de 2013, aún reconociendo que la actuación de bancos y cajas entonces fue poco transparente y abusiva.

En la provincia de León se calcula que alrededor de 50.000 hipotecas están afectadas por las cláusulas suelo. El Banco de España calcula que un 35% de los acuerdos hipotecarios actualmente en vigor (que están pagándose) tienen disposiciones de este tipo. La mayor parte de los afectados no han reclamado sus derechos, pero la cascada de sentencias a favor de los clientes animó la presentación masiva de reclamaciones a partir de la declaración de su nulidad, a mediados de 2013. Las cláusulas se generalizaron en las hipotecas firmadas a partir de 2003 y dejaron de imponerse a finales de 2012, poco antes de que se declararan fuera de los límites que la supervisión impone a los productos comercializados por las entidades. Sólo en ese período en la provincia se formalizaron 150.000 hipotecas sobre fincas urbanas.

Los despachos especializados en la reclamación de este tipo de productos se habían decantado hasta ahora por exigir la devolución de lo cobrado de más desde mayo de 2013, con la esperanza de que una decisión a favor de los clientes desde Bruselas abriera la puerta a nuevas reclamaciones.

De momento el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda la tesis del Tribunal Supremo español: reconoce lo abusivo del producto, pero debido a la amplitud con la que se impusieron las cláusulas considera que las «repercusiones macroeconómicas» que su devolución total puede tener en el sistema financiero español aconseja «limitar en el tiempo los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompra el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional».

De hecho se considera que ponderar las repercusiones de una decisión en otro sentido es una protección de los consumidores. Ya el Tribunal Supremo dictaminó que una retroactividad total en las devoluciones generaría «riesgo de trastornos graves con trascendencia en el orden público económico».

En todo caso, el abogado general comunitario hace hincapié en el «efecto disuasorio» que tiene declarar la nulidad de las cláusulas y su devolución desde mayo de 2013, lo que responde a los objetivos perseguidos por la UE. El caso es que ampliar las compensaciones al período real al que se cobró de forma abusiva a los clientes hubiera tenido un efecto millonario (más de 5.000 millones) en las cuentas de los bancos españoles. Cuyos valores, tras conocerse ayer la decisión, repuntaban con fuerza en las bolsas.

El Banco de España también advirtió a la UE que una decisión de otro tipo habría «minado la capacidad del sistema bancario de contribuir a la recuperación económica y al bienestar de los ciudadanos».