La comisión no prueba si hubo trato de favor a Llamas
El PP admite que la «celeridad» de las licencias «se da pocas veces».
álvaro caballero | león
Después de meses de comparecencias, informes y documentación, la comisión especial resolvió ayer que «no hay constancia de que hubiera trato de favor» al concejal de Comercio, Consumo y Fiestas, Pedro Llamas, en la concesión de las licencias para su restaurante de la franquicia Kentucky Fried Chicken (KFC). No se puede demostrar, como coincidieron por unanimidad los seis grupos políticos. Aunque, como apoyaron todos los integrantes, incluido el PP, se comprobase que los permisos fueron «concedidos en la mayor brevedad posible dentro de la legalidad, situación que se da en contadas ocasiones».
Estas conclusiones cierran la comisión abierta para delimitar si hubo regularidades en el expediente, después de que se sancionara al concejal del PP con 3.000 euros —que saldó con 1.625 euros por pronto pago— por haber iniciado las obras sin la precepctiva licencia. En el término «no hay constancia» se resumió el único acuerdo del dictamen, ya que tanto PSOE como León Despierta y En Común se apartaron del resto del enunciado propuesto, al negarse el equipo de gobierno a que se reseñara de alguna manera que la «celeridad» en la tramitación se dio para «beneficiar a Llamas».
Los populares se agarran a sus conclusiones, En el documento, el PP se limitó a recalcar que «a la vista de la documentación, de los informes y de las declaraciones de los comparecientes, no se puede deducir que hubo ningún trato de favor». «No se ha podido demostrar intervención irregular por parte de los funcionarios y trabajadores que han intervenido en el mismo», recogió el equipo de gobierno en la propuesta, apoyada por C’s y la UPL.
La redacción fue un poco más allá con la participación de Ciudadanos. La formación naranja logró que el PP apoyara que se «exige al consistorio que aplique la misma celeridad que se dio en la concesión de licencias a Pedro Llamas en todos los expedientes urbanísticos de la ciudad». Poco más añadió la UPL, cuyo portavoz, Eduardo López Sendino, ya fuera de la comisión insistió en que su apoyo al dictamen no evita que mantenga la reclamación de que «Llamas debería dimitir por haber empezado las obras sin licencia».
Más duro fueron los otros tres grupos políticos, que tan sólo aprobaron el dictamen en el que se recalcó que «no hay constancia» de que hubiera trato de favor. El PSOE reclamó que no se cerrara la comisión, a la vista del nuevo expediente abierto por una modificación en el restaurante que no tenía licencia, y apostillaron que existió «un trato especial», aunque no prosperó por la negativa de PP, Ciudadanos y UPL. Los socialistas citaron en sus manifestaciones que el edil popular «obtuvo su licencia rompiendo todos los récord de agilidad en los servicios municipales», aunque matizaron que «los funcionarios han realizado una tarea intachable». «No se puede demostrar ninguna actuación ilegal de los servicios municipales pero sí una actuación censurable del edil reprobado por el Pleno y que pese a eso y a dar su palabra de no repetir su actuación, volvió a iniciar obras sin la preceptiva autorización».
Desde León Despierta, Óscar Fuentes admitió que «no pude demostrarse», aunque reseñó que no quiere decir que «no se haya producido trato de favor». «Le sale tan barato que se puede permitir reincidir en la misma falta», ironizó.
Sobre la «celeridad inhabitual» incidió León en Común. Santiago Ordóñez pidió que se «protocolice un procedimiento para que todas las licencias sean tan ágiles» y criticó que Llamas «está ética y moralmente inhabilitado para seguir».