SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
El TSJCyL libera al Ayuntamiento del pago de 1,6 millones a Gexín
El tribunal no da validez al papel suscrito entre Chamorro y la empresa para el rescate del servicio.
Gexín cerró las piscinas de forma unilateral en el verano de 2013 alegando impago.
p. infiesta | san andrés
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desmontado la estrategia de la ex adjudicataria de las piscinas municipales, la empresa Gexín, y no da por válido que el 2 de octubre de 2013 el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se comprometió a rescatar el servicio ni a iniciar un estudio para la subrogación de los trabajadores.
Los jueces valoran que esas prestaciones recogidas en un papel firmado por el entonces alcalde, el popular Gregorio Chamorro, no son viables como compromiso oficial, al carecer de competencias el regidor para ello y estar vinculado un posible acuerdo a la aprobación en Pleno.
La mercantil solicitaba, además, el pago de más de 1,6 millones de euros. De esa cantidad, más de 310.000 euros corresponderían, según indicaba, a facturas pendientes, otros 337.000 al beneficio industrial dejado de percibir al finalizar de forma supuestamente anticipada el contrato y 981.000 por las instalaciones que había ejecutado y estaban pendientes de amortizar. La sentencia quita la razón a Gexín, a la que condena en costas, y aclara que el rescate del servicio está condicionado a lo «que apruebe el Pleno, cuya voluntad el alcalde no puede suplir, por lo que el Ayuntamiento de San Andrés nunca quedó obligado por el acuerdo (del 2 de octubre) a rescatar el servicio». Además, el tribunal autonómico añade que se condiciona el estudio para subrogar a los trabajadores a lo establecido en los pliegos y a la legislación laboral vigente, y que de aquel documento «no derivan obligaciones administrativas directamente ejecutivas», puesto que en él no se acuerda el rescate del servicio, sino la tramitación del procedimiento. De hecho, el Pleno de San Andrés no acabó adoptando en aquellas fechas unanimidad para un rescate. Tras el abandono del servicio por parte de la empresa, sí se acordó en sesión plenaria la intervención de las piscinas, ya que los técnicos municipales advirtieron que no concurría causa de interés público para iniciar un expediente de rescate y que esa fórmula, además, impedía por disposición expresa de los pliegos la posibilidad de subrogar a la plantilla.
La pasada legislatura, el Ayuntamiento tuvo que abonar 2,6 millones a Gexín por la deuda acumulada. El servicio de piscinas costaba a los ciudadanos de San Andrés 400.000 euros al año, es decir, que abrir las instalaciones costaba a las arcas municipales 1.088 euros cada día, según el contrato que el PSOE rubricó con la mercantil en el año 2005 hasta 2020.