Diario de León

Cien nuevos trabajadores salvarían al noroeste del colapso ferroviario

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Harían falta al menos cien maquinistas más para paliar el déficit de personal que sufre el servicio de mercancías en la red del noroeste, según fuentes sindicales. Actualmente, todas las frecuencias están siendo realizadas por los aproximadamente 60 maquinistas que hay en León, otros 60 en Asturias, una treintena más en Monforte de Lemos, una docena en La Coruña, otros tantos en Valladolid y media docena en Venta de Baños. Al margen de los cargamentos de carbón entre el puerto del Musel en Gijón y la térmica de La Robla, las vías de la provincia garantizan en estos momentos media docena de frecuencias, que se limitan, entre otros pocos destinos, a Arévalo, Sagunto y Zaragoza con puntos de salida en Galicia y Asturias.

A partir de los próximos días, una treintena de maquinistas comenzará la formación para su incorporación a medio plazo a este sector, pero con toda seguridad se trata de personal sumado a través del plan de desvinculación voluntaria, que apenas conlleva una tasa de reposición del 60%. Se trata del relevo de aquellos maquinistas que han cumplido los 59 años de edad y llevan cotizados más de 40, a los que Renfe les va a facilitar la jubilación.

Además de esta situación, desde UGT se asegura que hay más de cien trabajadores del grupo profesional de conducción considerados por Renfe no aptos, a quienes pretenden dar acoplamiento en otros ámbitos. Asimismo, la empresa plantea corregir los desequilibrios existentes en recursos humanos y cargas de trabajo entre norte y sur. En definitiva, según la información que obra en su poder, la entidad programa una reducción general de plantilla, de manera que el personal que consideran excedente, tanto operativo como de estructura, también formaría parte del resto de sociedades del grupo.

Por su parte, en CGT subrayan que las empresas están acaparando gran parte del mercado del transporte ferroviario por mercancías a costa el abandono de las cargas de Renfe y recuerdan que ya advirtieron al resto de sindicatos que la segregación de la firma en sociedades anónimas era una maniobra legal orientada a liquidar la empresa pública.

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