Pedro Vicente Sánchez deja el PP pero no la Alcaldía por su implicación en la Púnica
El juez Velasco lo llama a declarar el día 13 por presunta malversación de caudales y fraude.
miguel ángel zamora | león
Pedro Vicente Sánchez, coordinador de la Diputación de León y alcalde de Puebla de Lillo en el momento en el que se destapó la trama de la Operación Púnica, tendrá que declarar en la Audiencia Nacional el próximo día 13 de septiembre, a partir de las 12.00 horas por su presunta relación con dos supuestos casos de malversación de caudales públicos y de fraude en contratación pública de los que dio cuenta la UCO en un informe fechado a 29 de junio de 2015 del que se hizo eco este periódico en su edición del pasado 19 de febrero.
Velasco toma en consideración el relato de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de acuerdo al cual el resumen de las llamadas intervenidas en su móvil lo describe «como persona de la más íntima confianza de Marcos Martínez Barazón. «En la tramitación de las facturas, llama la atención las razones de urgencia alegadas por Pedro Vicente para no someterlas al proceso de fiscalización ordinario. No parece a juicio policial que concurran esas razones de urgencia cuando se trata de la mera inserción de banners publicitarios y más bien parece una fórmula para evitar dichos controles ya que las razones de urgencia se aluden de manera recurrente en los informes que presenta mes tras mes Pedro Vicente Sánchez», explica la UCO.
«Ha mostrado la máxima disposición respecto al partido y ha solicitado la baja inmediatamente», explicó a este periódico Eduardo Fernández, presidente del PP provincial. «Respecto a otras cuestiones «deberéis preguntarle a él, porque no sabemos si va a renunciar a su acta de concejal o no. Eso lo tiene que decidir», explicó.
Aclarados los aspectos disciplinarios del partido, menos evidentes se antojan los pasos a seguir a nivel político: «No sabemos a ciencia cierta ahora mismo cuántos concejales de ese ayuntamiento pertenecen al partido. Hasta que él no se pronuncie, no sabemos qué atenernos». En su cuenta de Twitter, manifestó el presidente leonés del PP: «Acabo de saber que a un alcalde del PP de León le han llamado a declarar como investigado por la Púnica. No puede ser alcalde así». Eduardo Fernández aseguró: «Llegué a la presidencia provincial del PP para combatir precisamente esto con rapidez, contundencia y transparencia. También hoy».
«Los más de cien mil votantes PP en León no amparan tibiezas ni rebajar el nivel de exigencia ética en la política, actuamos ya como quieren», señaló a media mañana. «Sin prejuzgar la presunción de inocencia, debe distinguirse la implicación jurídica y la política; y esta es más exigente. Espero que sea consciente -así me pareció en conversación con él- de la gravedad y trascendencia del asunto. Yo lo soy respecto al partido. Acabo de instar el procedimiento estatutario previsto para estos casos, con expresa solicitud de baja inmediata y apertura de expediente. El PP leonés y sus grupos municipales han de estar en sintonía con las demandas ciudadanas sin medias tintas».
En cualquier caso, hay un toque de reserva: «Un juzgado absolvió a un ex alcalde acusado de prevaricar. Nadie le resarce ahora los malos ratos ni los insultos, pero así es este momento. Desearía que ningún compañero tuviera estos problemas,pero la alarma social que crean delitos tan graves demanda claridad y ejemplaridad».
Por su parte, Francisco Granados, supuesto cerebro de la trama, será citado a declarar el día 5 de octubre para determinar si se decreta la prórroga de su prisión provisional.