Condenan al consistorio a pagar una ayuda juvenil concedida hace 10 años
Las costas e intereses hacen que León tenga que abonar el doble de los 800 euros adeudados.
La asociación Juventudes Activas ha sido una de las más dinámicas del municipio. DL
álvaro caballero | león
Diez años después de que se concediera y se prestara de manera efectiva el servicio subvencionado, la Justicia termina por dar la razón a una asociación juvenil, Juventudes Activas, en contra del empecinamiento del Ayuntamiento de León. Los diez años de reclamaciones se resuelven al final, según el fallo firme del juzgado contencioso administrativo número 1 contra el que no cabe recurso, con la condena a la administración para que abone los 800 euros adeudados, más el interés legal de la década que se arrastra y las costas procesales. En total, casi el doble del concepto que se marcaba en su momento y que hasta tres equipos de gobierno municipales seguidos han tenido guardado en el cajón, primero por falta de fondos y luego por el intento de la administración municipal de argumentar la falta de acreditación legal.
Frente a estas tesis del consistorio, que desestimó por silencio administrativo primero y por decreto del concejal ya en 2015, la sentencia insiste en que «consta el otorgamiento de la subvención», concedida por junta de gobierno el 16 de junio de 2006, «la justificación por la asociación que prestaba el servicio y las reiteradas reclamaciones interruptivas de la prescripción». El dictamen suscribe la argumentación planteada por el abogado de la asociación, Víctor Álvarez, del estudio jurídico leonés Cordal, que incidía en la acreditación suficiente del servicio prestado por el colectivo y el derecho a que se abonase la ayuda por parte de Juventudes Activas.
Aunque con los diez años de retraso, la subvención se ajusta al proyecto «Jóvenes informados», que consistía en el desarrollo de una «antena informativa: un servicio de información juvenil de titularidad pública o privada que colabora en la transmisión de la información en su ámbito geográfico, mediante las funciones informativa y de asesoramiento». No cabe, como entendía el Ayuntamiento de León, que no existía «personalidad jurídica» de la citada antena, puesto que el juez subraya que «ha de otorgarse necesariamente a quien presta el servicio», en este caso el colectivo Juventudes Activas, que en el mismo ejercicio 2006 sí que recibió otros 1.800 euros para actividades y equipamientos.