Jesús López solicita que se archive su causa en la Púnica
Asegura que sólo abonó facturas ya firmadas por los diputados y recuerda que no hay más pruebas que conversaciones de terceros.
Jesús López, en una imagen de archivo. BRUNO MORENO
miguel ángel zamora | león
Jesús López, anterior interventor de la Diputación y segundo investigado por la pieza leonesa de la Operación Púnica, presentó en la tarde del lunes un recurso de reforma ante el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa, en el que muestra su perplejidad por el hecho de que se aumenten de dos a cuatro los delitos que se le imputan, solicita el sobreseimiento de la causa por entender que no hay pruebas de delito alguno, adjunta un auto de Instrucción 3 de León con el que se archivó en su día el asunto de los 13 apartamentos de su propiedad en San Isidro y recuerda que no tomó ninguna decisión en materia de contratación, sino que simplemente ejecutó facturas que llevaban la firma de Pedro Vicente Sánchez, coordinador de la Diputación y de Míchel del Egido, diputado de Turismo.
El escrito de López remarca que con los mismos argumentos por los que se le imputa a él, se podría encausar también a la la jefa de servicio que realizó la fiscalización de las facturas de Madiva «ya que su firma obra igualmente con la del interventor», según explica su letrado, Juan Carlos Zataraín en uno de los quince folios del documento que obra en poder de este periódico.
Cree que no hay indicios firmes de su participación en los hechos más allá de conversaciones grabadas a terceras personas pero en las que él no aparece y advierte al magistrado de que, de no tomar en cuenta estas consideraciones, se corre el riesgo de imponer al interventor una «pena de Telediario».
CAJÓN DE SASTRE
«En procesos complejos como el presente, no es válido que el auto de continuación por el procedimiento abreviado se convierta en un «cajón de sastre» en el que se incluyan todos o una gran parte de los delitos contra la Administración (prevaricación, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios, cohecho, revelación de secretos...etc) y se imputen de forma genérica e indiscriminada a todo aquél que aparezca citado en el procedimiento, sin cumplir una elemental labor clarificadora, que entendemos no se puede trasladar sin previamente expurgarse al órgano encargado de su enjuiciamiento», reza el escrito.
«Mi representado nunca fue convocado a ninguna reunión para tratar el proyecto de la Estación de Esquí de San Isidro y en el sumario no consta ninguna grabación en la que trate de temas referentes a la estación de esquí entre Jesús López y Martínez Barazón o Alejandro de Pedro. Que entre otros dos investigados, se haya mantenido una conversación en la que se indique que el interventor sería el más interesado en la promoción de la Estación de San Isidro porque tiene propiedades en la misma, (lo que es un hecho conocido en León, legítimo y lícito) no puede suponer un concierto de voluntades con el ahora recurrente».