El Ayuntamiento pedirá un nuevo ICO de 7,4 millones para pagar 80 sentencias

p. infiesta | san andrés

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo quiere subirse al carro de los nuevos créditos que concede el Estado para el pago de sentencias firmes en condiciones ventajosas. Al igual que el año pasado se solicitaron 6,5 millones para abonar deudas avaladas judicialmente, en esta nueva convocatoria el municipio aspira a 7,38 millones para solventar la morosidad con proveedores, empresas y trabajadores que han ganado 80 pleitos. Entre ellos, destaca la adjudicataria del agua Aquona, a la que se adeudan 5,7 millones; los trabajadores de la ex concesionaria de basuras Urbaser, que resolverían una treintena de fallos judiciales a su favor; y 17 sentencias relacionadas con los empleados de la ex responsable de piscinas Gexín.

El Pleno acordó, con los votos del equipo de Gobierno (PSOE-PAL), la abstención del PP, UPL y C’s, y la negativa de IU, adherirse a la solicitud del préstamo ICO, que se puede devolver en diez años con carencia durante los dos primeros y supondría el pago de 1,3 millones de intereses. El concejal de Hacienda, Santiago Blanco, destacó que «acogerse a este crédito nos beneficia, porque no tenemos otra opción para pagar esos importes, y, aunque negociáramos con los proveedores y empresas, las condiciones no serían mejores que las que se logran con el ICO». Igualmente, el portavoz del PP, Gregorio Chamorro, reconoció que el Plan de Ajuste, que hay que modificar para que contemple el nuevo crédito, «es la única opción menos mala para poder cumplir las obligaciones establecidas por sentencias firmes. No nos opondremos a que el equipo de Gobierno pueda hacer frente a esas obligaciones, a través de unos instrumentos que el PP puso al servicio de los ayuntamientos».

Desde Ciudadanos, Juan Carlos Fernández valoró que San Andrés «tiene una deuda humillante que comenzó a generarse en 1995», y unos servicios «inasumibles» que conminó a externalizar para ahorrar 3,5 millones de déficit cada legislatura. También calificó de «tocomocho» el retraso que ha soportado la adjudicataria el agua para que se le abone lo adeudado los últimos cinco años. Por su parte, la leonesista Rosa María Fernández Velilla puso el acento en la «premura» con que ha exigido el Ministerio presentar la solicitud de adhesión a los ICO y, aunque echa de menos los informes jurídicos que avalen que la sentencias son firmes y el estudio de costes, sí indicó que el informe de la tesorera deja claro «que con fondos propios no se pueden abonar esas deudas».

situación Reversible

En tono optimista, el concejal del PAL, Francisco Gómez, señaló que la situación económica del Ayuntamiento es «reversible tomando decisiones». Instó a IU a presentar alternativas para mantener el Centro de Día y la guardería, que generan déficits de 370.000 y 487.000 euros respectivamente al año, «si la Junta no asume sus competencias, no nos dejan cerrar esos servicios, ni queremos, también se oponen a aumentar las tasas para que se autofinancien y a reducir salarios». La portavoz de IU, Eloina Terrón, le respondió que la ciudadanía «ya paga muchos impuestos para mantener los servicios». Apuntó que las medidas pasaban por haber derrocado al PP en el Gobierno central y las leyes Montoro que auspician planes de ajuste que conducen «a subir impuestos, reducir salarios y empujan la privatización de los servicios públicos». El retraso en el pago de sentencias firmes genera hasta un 10% de intereses. La sesión plenaria de ayer fue la más cordial que han protagonizado los concejales de los grupos políticos de la Corporación esta legislatura.