Velasco desestima el recurso de Suso López en la Púnica
Su abogado critica que el auto motive la decisión en un texto de apenas tres líneas.
Jesús López, en una imagen de archivo, antes de que se conociera su condición de investigado por la Operación Púnica. BRUNO MORENO
miguel ángel zamora | león
La representación procesal de Manuel Jesús López Sánchez, el anterior interventor de la Diputación Provincial, investigado por su presunta participación en la trama leonesa de la Operación Púnica, remitió esta semana un escrito de alegaciones a la Audiencia Nacional en el que lamenta que se haya desestimado «en apenas tres líneas» un recurso de reforma presentado contra la decisión de seguir un procedimiento abreviado contra su cliente, acusado de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios, cohecho, y revelación de secretos.
Recuerda el letrado Juan Carlos Zataraín que se ha admitido un recurso de apelación y que con fecha de 27 de febrero de 2012 el Juzgado de Instrucción número 2 de los de León ya absolvió a López de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. «No se puede traer a colación al presente procedimiento como lo realiza el auto de transformación ahora impugnado».
«Así mismo, es destacable que fue a raíz de dicha denuncia por presuntas negociaciones prohibidas a los funcionarios, cuando a instancias de mi mandante, en su condición de Interventor de la Diputación de León en aquél tiempo, se dictó el decreto de la presidencia de la Diputación, por el que se delegaron todas sus funciones en cualquier procedimiento administrativo o contratación de cualquier asunto relacionado con la Estación de Esquí de San Isidro».
En lo tocante al presunto fraude, el letrado de Suso López asegura que el interventor «no conocía a Alejandro de Pedro, sólo coincidió con él en una reunión en la que fue reclamado por Marcos Martínez Barazón, que estaba departiendo con De Pedro en octubre de 2014 (poco antes de su detención).
La última imputación que se hace a Suso López es haber dado cobertura con su firma a los pactos realizados entre los presidentes de la Diputación y Alejandro de Pedro «instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias por las que mes a mes se aprobó un gasto entre 2012 y 2014 de cerca de 90.000 euros». Al tratarse de una propuesta de gasto menor «no estaban sometidas a fiscalización previa por parte de la Intervención de la Diputación, debiendo tan solo constatar que las facturas cumplan los requisitos formales», explica el escrito de alegaciones. Remarca el texto que entre las 13.000 facturas que se abonaron en 2014, las referidas a esta causa suponen «una mínima parte».