El jurado declara culpables a todos los acusados menos al empleado del líder

dl | redacción

El jurado popular responsable del veredicto correspondiente al juicio por el asesinato de Roberto Larralde declaró ayer culpables de asesinato a Ramón Vega, en calidad de autor material, a Julio López como inductor del plan y a Miriam Caballero, esposa del fallecido, de la que dio por probado que tuvo un papel decisivo en la muerte de su marido. La determinación respecto a los tres primeros acusados se adoptó por unanimidad.

Con dos votos en contra, se declaró culpable a Froilán Álvarez, detective privado que según siete de los miembros del jurado, tuvo una participación destacada. Respecto a Antonio Gabarri, propietario de la pistola con la que se cometió el crimen y a Adrián Martínez, encargado de vendérsela a Ramón, el jurado los declaró también por unanimidad culpables de un delito de tenencia ilícita de armas.

Dos de los integrantes del jurado no dieron por probada la versión oficial respecto a la ejecución del crimen. Sin embargo, todos ellos consideraron que Ramón Vega es culpable de la muerte de Roberto Larralde. Igualmente entienden que en el juicio quedó probado que el crimen lo planearon Julio López y Ramón y que hubo una intervención directa de Miriam Caballero «al inducir o colaborar» en la realización del asesinato, según precisaron tras su deliberación.

Carlos Helí de la Red «no participó, ni colaboró ni sabía de las intenciones de la trama y solamente cumplió las órdenes de su jefe», según especificó por unanimidad el texto de veredicto.

TRECE NO PROBADAS

De las 72 preguntas que componían el objeto, trece se dieron por no probadas. El jurado no cree que se haya precisado cuándo se inició la relación entre Julio y Miriam, ni tampoco comulgó con la tesis de que el cerebro del plan entregara el teléfono móvil a Carlos Helí para que hiciera llamadas encaminadas a conseguirle droga.

La colaboración del detective no fue auxiliar y tampoco se considera cierto que el viaje a Madrid fuera un favor de la viuda a su amiga. La tesis de que Ramón dejó a Roberto con unos ciudadanos del Este tampoco tiene credibilidad para el jurado, que rechaza por mayoría que Gabarri fuera adicto a la cocaína.

Con todos estos elementos, el jurado declaró culpables a cuatro de los cinco acusados de asesinato, momento en el que miembros de la familia Larralde interrumpieron con aplausos la lectura del veredicto. El magistrado presidente expulso de la sala a alguna persona: «No se puede expresar en sala aprobación o rechazo al veredicto del jurado», explicó el presidente. «Se ha hecho justicia», alegaron los allegados de la víctima. Miriam y Carlos Helí irrumpieron en sollozos, aunque por motivos diferentes.

NO AL INDULTO

El jurado rechazó la posibilidad de que los condenados puedan solicitar el indulto y la de la suspensión de las penas. Así las cosas, el fiscal propuso 23 años de prisión para la viuda, 20 para los restantes condenados por asesinato y un año de prisión para los autores del delito de tenencia ilícita de armas. La indemnización que corresponderá a los dos hijos de Larralde se estipula en 50.000 euros y la que deberán percibir los padres se queda en 10.000. Deberán satisfacerla los cuatro condenados a partes iguales.

El magistrado presidente, a la vista del resultado del veredicto, absolvió en sala a Carlos Helí y declaró extinguidas cuantas acciones preventivas se hubieran realizado contra su persona.

Resolvió Manuel Ángel Peñín igualmente la denegación de la propuesta de ingreso en prisión de forma inmediata solicitada por el fiscal y la acusación particular, que proponían la encarcelación urgente de Froilán y Miriam por riesgo de fuga. «Ha quedado acreditado durante la fase de instrucción que las medidas preventivas son suficientes, por lo que no procede ni aumentar la fianza ni fijar nuevas actuaciones en este sentido», explicó, antes de agradecer la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el esfuerzo del jurado popular.

Las defensas propusieron la pena mínima estipulada por el Código Penal, que fijaron en quince años de cárcel para los culpables de asesinato y en tres y seis meses respectivamente en el caso de los autores de la tenencia ilícita de armas.

Así las cosas, la versión que se da por probada refiere que Julio y Miriam pretendían consolidar una relación afectiva que impedía el hecho de que ella estuviera casada. El empresario encargó a un amigo suyo, Ramón Vega, acabar con la vida de Larralde y para ello utilizó las coartadas que ideó Froilán Álvarez, que le aconsejó que el móvil del autor material estuviera fuera del escenario del crimen, para lo cual un empleado de Julio recibió la orden de recoger el terminal y hacer llamadas con él desde otro punto.

El 13 de septiembre de 2014, a la hora del asesinato, Julio y Miriam se fueron a Madrid con la excusa de llevar a una amiga de ella a coger el tren para emprender un viaje a Málaga. El arma del crimen fue vendida a Ramón por Adrián, que se la compró a Gabarri para saldar una deuda.