La sanidad aglutina la mitad de los más de 3.000 interinos
Atención primaria, residencias e incendios sufren una tasa del 70% .
maría j. muñiz | león
La evolución del empleo público en los últimos años y los límites puestos a la sustitución de trabajadores a través de las tasas de reposición han llevado a una reducción importante de los efectivos de las administraciones públicas en la provincia, pero también a unos índices de interinidad que los sindicatos mayoritarios consideran inasumibles. Especialmente cuando se concentran en los sectores básicos de los servicios públicos, sobre todo sanidad y educación. En muchos otros servicios la reducción de personal o no se ha repuesto o se ha hecho a través de contratos precarios, lo que puede acabar provocando «un colapso de los servicios públicos, también los esenciales, que implica también un recorte de los derechos del conjunto de los ciudadanos». Así lo denunciaron ayer las centrales sindicales mayoritarias en las administraciones públicas (Csif, UGT y CC OO), que hoy comienzan una serie de movilizaciones en demanda de mejoras en plantillas, jornadas y salarios.
En el caso de la provincia de León los sindicatos califican de «absolutamente desolador» el panorama del empleo público: plantillas escasas, envejecidas, con elevada interinidad y precariedad laboral. El conjunto de las administraciones públicas de la provincia suma actualmente 3.091 trabajadores interinos (se excluye de esta cifra el personal laboral contratado temporalmente); lo que supone que uno de cada diez empleados públicos ejerce sus funciones en sustitución de otro trabajador, pero sin sus derechos. Educación y sanidad tienen tasas de interinidad que rondan en conjunto el 30% de sus plantillas, pero en casos concretos como los servicios de incendios, el personal de las residencias de la tercera edad o los enfermeros de atención primaria el índice de interinidad ronda el 70% de la plantillas.
A esta situación se suman además «contratos por días, incluso por horas, que hacen que a muchos trabajadores incluso les cueste dinero acudir a sus puestos cuando les contratan. Eso se traduce en el abandono paulatino de los servicios que prestan las administraciones. Y en la evidencia de que hay servicios que pueden llegar a colapsar si la situación de reposición de plantillas a través de la convocatoria pública de empleo no se remedia».
Así lo denunciaron ayer Hipólito Riesco, presidente provincial del Csif; Juan Miguel Martínez, secretario de la Federación de Empleados y Empleadas Públicas de UGT y Santos Jiménez, secretario de la Federación de Servicios y Ciudadanía de CC OO.
Recuerdan que desde que en 2010 se estableció el concepto de ‘tasa de reposición’ se han perdido entre el 50 y el 90% (dependiendo de los ejercicios y los servicios) de las plazas que quedaban vacantes por jubilación o baja en los servicios públicos. En la provincia la pérdida en las distintas administraciones suma en este período 3.149 trabajadores públicos menos. El máximo del empleo en las distintas administraciones en la provincia se alcanzó en enero de 2010, con 32.597 trabajadores; hoy suman 29.882.
Los sindicatos exigen ahora al Gobierno que habilite una oferta de empleo público extraordinaria en los presupuestos generales de este año, con la eliminación de la tasa de reposición. Además, reclaman la aplicación inmediata de la jornada de 35 horas, lo que implicaría la creación de unos 500 empleos en la provincia; y piden también que los empleados públicos inicien la recuperación de la pérdida salarial de estos años, que cifran en un 13%.