Diario de León

La Universidad crea una unidad para luchar contra la violencia de género

El protocolo, a nivel autonómico, atenderá casos ocurridos fuera del ámbito académico.

Marín, con los consejeros y el resto de rectores. DL

Marín, con los consejeros y el resto de rectores. DL

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A. Calvo | León

La Universidad de León contará con una «unidad responsable» para llevar a cabo las actuaciones en materia de violencia de género, en coordinación con los Servicios Sociales. Entre sus funciones están la de difundir unas pautas básicas para detectar actos o identificar víctimas de violencia de género para que otros miembros de la comunidad universitaria puedan conocerlas y actuar en consecuencia; garantizar la atención inicial e inmediata a las víctimas de violencia de género; orientar y canalizar a las víctimas a los recursos adecuados a sus necesidades existentes en el sistema de Servicios Sociales; registrar los casos de los que tenga conocimiento con la debida confidencialidad y desarrollar tareas de sensibilización y prevención de la violencia de género entre los miembros de la comunidad universitaria. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el consejero de Educación, Fernando Rey, firmaron ayer con las universidades públicas y privadas de Castilla y León un Protocolo Marco de actuación ante situaciones de violencia de género en las universidades de Castilla y León, a lo que se sumarán otras actuaciones coordinadas con medidas concretas de promoción, sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el entorno universitario. El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, acudió a la cita que busca, con la unión de esfuerzos entre la Junta y las instituciones académicas «acorralar a la violencia de género desde el ámbito universitario», como indicaron desde la Junta.

La unidad responsable del procedimiento mantendrá una actitud proactiva en la detección precoz de las situaciones de maltrato, ya que se encuentra en una posición privilegiada para detectar estas posibles situaciones, permitiendo prevenir sus secuelas más negativas e incluso impidiendo que lleguen a límites que pongan en grave peligro la vida de las mujeres. La participación de la mujer afectada en este procedimiento será voluntaria.

Si el supuesto agresor es miembro de la comunidad universitaria, propondrá al órgano competente la puesta en marcha de los mecanismos internos oportunos, sin perjuicio de los procedimientos previstos legalmente. Asimismo, si se trata de un trabajador de la universidad, podrá proponer medidas provisionales relativas a las condiciones de trabajo de las personas implicadas mientras se tramitan los procedimientos pertinentes, conforme a las disposiciones que al efecto contempla la legislación española y autonómica vigente.

Durante el encuentro, los rectores y los representantes de la Administración firmaron un protocolo de actuación para que las universidades puedan desempeñar una labor de detección y apoyo en situaciones de violencia de género respecto de alumnas, profesoras y personal de administración y servicios, con el apoyo y en coordinación con los Servicios Sociales de Castilla y León, con independencia de que hayan sido cometidos en espacios universitarios o fuera de ellos por otros miembros de la universidad o por personas ajenas a la misma. Fruto de este acuerdo entre Junta y universidades se establece un procedimiento de prevención, detección, atención, orientación, seguimiento y canalización de las víctimas de violencia de género que pertenezcan a la comunidad universitaria.

El acuerdo firmado entre la Junta y las universidades de Castilla y León desarrolla también otras líneas de actuación centradas, por un lado, en la promoción de la igualdad y la sensibilización en valores de igualdad, tolerancia, respeto y no violencia y, por otro lado, en la importancia de la formación especializada en materia de igualdad. Concluye con un apartado especial dirigido a la lucha contra la violencia de género. Casi un 20 % de las mujeres de Castilla y León registradas como víctimas en el sistema de Servicios Sociales tienen entre 18 y 30 años.

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