LA DIPUTACIÓN DEFIENDE SUS INTERESES
El desalojo de Santa Nonia no tendrá «daños colaterales»
La Diputación asegura que tendrá «sensibilidad social» en la negociación.
Martínez Majo y Castañón siguen el Pleno, ayer. F. OTERO PERANDONES
A. G. Puente | león
La fecha para el desalojo del párking de Santa Nonia sigue invariable: el 30 de abril la cooperativa que lo explota desde hace casi tres décadas deberá abandonar el solar propiedad de la Diputación. De momento, los representantes jurídicos de ambas partes negocian una solución, aunque la institución provincial reitera que «defenderá sus intereses hasta el final». El vicepresidente primero, Francisco Castañón, manifestó ayer ante la Corporación en el Pleno que en esta operación «también habrá sensibilidad social suficiente para hacer el menor daño posible y evitar que haya daños colaterales irreparables». De todas formas, reconoció que aún no saben qué harán si llegada la fecha tope, la cooperativa decide no desalojar. «Nos ceñiremos a lo que determinen nuestros servicios legales», replicó ante una pregunta sobre el tema del diputado de C’s, Juan Carlos Fernández.
También la negociación que la institución provincial mantiene con la Fundación Sierra Pambley suscitó ayer preguntas en el Pleno por parte de los diputados de UPL y En Común, Matías Llorente y Miguel Flecha. Éste último, además, quiso conocer si la Diputación tenía intención o no de renunciar a la operación urbanística reflejada en el PGOU en la capital dado «el interés social de este suelo». Castañón recalcó que, al igual que en el caso del párking de Santa Nonia, los abogados de ambas partes negocian. En este caso, mostró «el convencimiento absoluto de que llegaremos a un acuerdo, estamos obligados a ello por el beneficio de todos; será relativamente fácil llegar a un entendimiento». Recordó que entre los fines de la fundación también está el apoyo al mundo rural.
La negociación paralizó la demanda civil planteada por Sierra Pambley contra la Diputación por usos distintos a los pactados en el contrato de venta de este suelo que en 1949 rubricó con la institución y que obligaba a utilizar las 133,47 hectáreas para fines sociales. Una indemnización de las arcas provinciales a la fundación, aún no fijada, zanjará la disputa. Castañón anunció que habrá una Junta de Portavoces para explicar a todos los grupos los entresijos de ambas negociaciones.
El Pleno, además, dio ayer el visto bueno definitivo al presupuesto 2017 tras rechazar las alegaciones planteadas. Las nuevas cuentas ascienden a 134,6 millones y ahora deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor. Contaron con el apoyo del equipo de gobierno, UPL, CB y C’s, la abstención del PSOE y el voto en contra de En Común. También fue aprobada la liquidación del presupuesto de 2016 con un remanente líquido de 149,5 millones, 12,7 en el caso del ILC, 1,4 en el Consorcio de Turismo, y 2,5 en el del aeropuerto. Y una comisión, con conocedores del mundo rural, diseñarán las nuevas normas subsidiarias de planeamiento de ámbito provincial que permitirá a los pueblos adaptarse a los nuevos tiempos urbanísticos.