Una red de tráfico ilegal de carne se expone a siete años de prisión

miguel ángel zamora | león

Nueve personas relacionadas con el sector de la hostelería y la distribución de alimentos se enfrentan a penas que van de dos años y medio a siete años de prisión, acusados de un supuesto delito contra la salud pública y de una falsedad documental continuada «por ocasionar un grave riesgo» a la población leonesa, según informa en su escrito de acusación la fiscal del caso, que actuó a instancias de un informe de la Guardia Civil emitido por el Seprona, tras iniciarse en noviembre de 2010 una investigación cuyo resultado es el juicio que se celebrará en Penal 1 de León el próximo día 11 de mayo a las 9,30 horas.

El escrito de calificaciones provisionales obra en poder de este periódico y relata que la conducta de los nueve procesados «podía ocasionar un grave riesgo para la salud humana». El primero de ellos es el propietario de una empresa cárnica que se dedicaba al sacrificio de ganado ovino sin disponer de licencia para ello. Para aparentar que la carne había superado todos los registros de sanidad, utilizaba un sello que imitaba al del matadero de León, siempre según la versión de la Fiscalía, que fija la cantidad de carne decomisada en 1.247 kilos.

Un segundo imputado, que ya tenía antecedentes penales por quebrantamiento de condena y al que los juzgados de Zamora ya habían condenado por un delito de similares características (se le impuso en febrero de 2014 un año de prisión y tres de inhabilitación para el comercio por espacio de tres años). Es propietario de una empresa cárnica de León y distribuía sus productos a sabiendas de que carecían de las mínimas garantías sanitarias para su comercialización. Colaboraba con el primer sospechoso a la hora de distribuir los productos.

PRODUCTOS CADUCADOS

El tercer procesado es el propietario de una firma de cecinas de la provincia, que cuenta con sala de despiece pero que a criterio del Seprona, no estaba sujeta a las disposiciones legales correspondientes en materia de sanidad. Parte de los productos que pretendía distribuir, siempre según la versión de la Guardia Civil, ya estaban caducados. Los agentes procedieron a decomisar una partida de casi 2.850 kilos.

Señala el escrito de acusación del Ministerio Público a un cuarto acusado, que actuaba como gerente de una empresa de la capital, con una doble investigación abierta sobre sus actividades. Por una parte, por no disponer de las garantías sanitarias correspondientes a la hora de realizar sus actividades y por otra, porque actuaba en concierto con el primer sospechoso a la hora de vender sus corderos sacrificados aún a sabiendas de que se trataba de procedimientos que no respetaban la legislación vigente en materia de saluda pública. Los investigadores creen que era plenamente sabedor de que la normativa estaba siendo vulnerada en este sentido.

El 13 de enero de 2011 se llevó a cabo una inspección en sus instalaciones, de la que deparó la correspondiente acta que corroboró que la carne que allí se almacenaba y se trataba no seguía los procedimientos de salubridad que se exigen, por lo que se procedió a su decomiso, si bien la fiscal no especifica en su escrito la cantidad.

Un quinto procesado, propietario de una empresa cuya razón social se fija en el alfoz de la capital, distribuía carne sin observar las garantías legales y sanitarias. Se le incautaron 1.245 kilos de material cárnico que no respetaba las garantías fijadas por la legislación. Tenía una sala de despiece a su disposición en la factoría del segundo sospechoso.

Como sexta acusada figura la propietaria de una empresa dedicada a la distribución de carnes para el consumo humano, que tenía sus instalaciones en una población de la provincia y a la que el 17 de enero de 2016 se llevó a cabo una inspección de la que deparó el decomiso de 1.613 kilos de carne sin etiquetar y carente de la trazabilidad exigida.

En el alfoz de la capital se localizaba la empresa del séptimo procesado. Se le detectó el 13 de enero de 2011 la existencia de una partida de 2.334 kilos de carne que no respetaban las exigencias de la legislación, aunque en este caso, no existían precedentes y el sospechoso carecía de antecedentes penales.

El octavo sospechoso es un varón que da nombre a su empresa y que, siguiendo los mismos parámetros de los casos anteriores, no respetó la normativa vigente en materia de salud pública. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil se incautó de una partida de 4.719 kilos de carne que no registraba las garantías legales de etiquetado, caducidad y salubridad.

EN UN RESTAURANTE

Al último procesado, propietario de un restaurante de la provincia, se le acusa de adquirir carne ilegal a sabiendas de su procedencia. En la inspección se detectaron casi nueve kilos de carne caducada, correspondiente a costillas y solomillos que no respetaban las garantías legales.

Para la fiscal, se da por probado que la red cometió nueve delitos contra la salud pública y un delito continuado de falsificación documental que se le atribuye al primer sospechoso.

El principal procesado se expone a una pena de cuatro años de cárcel por el primer supuesto y tres más por el segundo delito que se le atribuye. Los demás fluctúan en una horquilla de entre dos años y medio y tres años de prisión, de acuerdo a las tesis del Ministerio Público. A todos ellos se les inhabilitaría para el ejercicio del comercio por un periodo de cuatro años y medio, además de hacer frente a las costas procesales.