La trama de la carne se salda sólo con multas de entre 1.000 y 4.000 euros
Ocho de los nueve investigados reconocen los hechos a cambio de una rebaja en las penas.
Una de las partidas incautadas durante la operación. GUARDIA CIVIL
miguel ángel zamora | león
Ocho de los nueve acusados de distribuir carne en mal estado aceptaron penas que van de los cinco a los once meses de cárcel, sustituibles por multas proporcionales, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para evitar la celebración del juicio, que continuó solamente con uno de los sospechosos.
Alegaba el procesado que cabía la nulidad de las actuaciones, al haberse transcrito en la fase de instrucción varias llamadas a su abogado, en las que aportaba elementos incriminatorios que han sido tomados en su contra. Además, su defensa presentó un informe de un veterinario en el que se descarta que el único investigado que ha decidido seguir la causa penal hubiese cometido delito alguno y aportó documentos para demostrar que la carne siguió la trazabilidad exigida.
El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal número 1 de los de León. El principal acusado, propietario de una empresa cárnica afincada en San Andrés del Rabanedo, se reconoció autor de un delito contra la salud pública por sacrificar ganado ovino sin contar con la pertinente licencia. Para aparentar que tenía los permisos legales, falsificó un sello oficial del matadero de León y selló la carne, que destinaba al consumo humano sin las debidas garantías de sanidad. Deberá hacer frente a una pena de once meses de cárcel (que podrá sustituir por una multa de 22 meses a razón de seis euros diarios, casi 4.000 euros) y hacer frente además a una sanción económica de 900 euros. Queda inhabilitado para el comercio durante un periodo de un año y medio. Por la falsificación de un documento público, fue condenado a una pena de tres meses de cárcel (que conmutará por una multa de 1.080 euros), en virtud del informe favorable de la fiscal.
CON ANTECEDENTES penales
El segundo procesado por orden de importancia es un individuo que ya contaba con antecedentes penales por hechos de características similares y al que se impone la misma condena que al primero. El Juzgado de lo Penal número 1 de los de Zamora ya le había impuesto una pena de seis meses de prisión por quebrantamiento de condena y una pena de un año de cárcel por un delito contra la salud la utilización de alimentos nocivos. Tenía una empresa cárnica en la provincia y reconoció que había distribuido carne sin respetar la debidas condiciones.
DOS MULTAS
Otros cinco procesados más alcanzaron también un acuerdo de conformidad con la fiscal que les permite modificar las penas de prisión acordadas, cinco meses de cárcel, por multas de diez meses a razón de seis euros diarios (1.800 euros), además de la inhabilitación para el ejercicio profesional en actividades de estas características por un periodo de nueve meses. Todo ello, después de abonar una multa de dos meses a razón de seis euros diarios, que comporta el pago de 360 euros. Tenían empresas cárnicas en la capital y en la provincia y algunos de ellos utilizaban el matadero del imputado de San Andrés o algunos de sus productos para la distribución de la carne.
El último de los condenados es el propietario de un restaurante de la provincia, al que la fiscal concedió un tratamiento especial por considerar que la pena que cabía imponer era un tanto desproporcionada para la cantidad de carne en mal estado que se le había aprehendido (cuatro kilos). Así, se le ofreció la posibilidad de reconocer los hechos y la existencia del delito, a cambio de bajarle la pena que se le solicitaba inicialmente a tan solo tres meses de prisión, conmutables por una multa de seis meses a razón de seis euros diarios (1.080 euros).