Los abogados rechazan la decisión: «Añadirá costes»
El Colegio de Abogados de León emitió ayer una nota pública en la que manifiesta su rechazo y oposición al acuerdo y considera que este plan produce «un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial, al no poder dirimir dichos procedimientos en el ámbito geográfico de su partido judicial».
«Este perjuicio se hace más visible y real en provincias como León con una extensión superficial importante y una compleja orografía, que dificultan aún más esos desplazamientos, afectando de manera especial a partidos judiciales más distantes de la capital de la provincia y en algún caso como Ponferrada, con un número de habitantes superior a algunas capitales de provincia».
El Colegio de Abogados de León, lamenta y muestra su más absoluto rechazo e indignación a la adopción de este tipo de acuerdos «que conllevan un claro perjuicio para el justiciable y cuentan con la expresa oposición del conjunto de los operadores jurídicos, concretamente de la abogacía».
La aprobación de la medida se llevó a cabo por seis votos a dos y afecta a 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, para que conozcan de forma no excluyente, de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, sin perjuicio de poder atribuir en el futuro esta competencia a otros órganos del mismo u otro partido judicial diferente de la provincia, siempre que hubiere razones justificadas.