El PP calcula que las sentencias de productividad suponen medio millón

P.I. | SAN ANDRÉS

El Partido Popular exige responsabilidades a la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, y al ex concejal de Personal, Santiago Blanco, ante el «agujero» de medio millón de euros en el que consideran que han metido al Ayuntamiento con sus decisiones. Según los populares, esa será la cantidad a la que tendrán que hacer frente los ciudadanos del municipio con sus impuestos para pagar todas las sentencias favorables a los trabajadores a los que se suprimió en julio de 2016 la productividad. Además, otras tantas esperan resolución «que probablemente sea contrarias al Ayuntamiento de San Andrés», estiman. Cada sentencia que llega al Ayuntamiento de San Andrés reconoce la productividad eliminada, cantidad a la que hay que sumar 2.783 euros de costas, los honorarios del abogado externo contratado por el Ayuntamiento, otros 1.452 euros por procedimiento, y los intereses generados, lo que supone más de 5.000 euros por trabajador, según los cálculos del PP, a quienes disgusta que el edil de Personal abandone ahora esa tarea.

blanco apuesta por negociar

Santiago Blanco, reconoce que la situación del Consistorio «es conocida por todos», al arrastrar una deuda de 62 millones, aunque asegura que actualmente «no existe riesgo de insolvencia y tanto en el segundo semestre de 2016 como en el primero de este año se han abonado los ICOs y las nóminas sin problemas de solvencia». No obstante, admite, que la falta de liquidez puede llegar «si no se adoptan medidas». Por eso insiste en que es necesario cumplir el Plan de Ajuste y que «cuando el equipo de Gobierno intentó reducir la productividad de la plantilla y subir tasas e impuestos, sin éxito por la negativa de la oposición, no fue por capricho, sino para cumplir las exigencias del Ministerio». Es más, considera que ambas medidas deberán volver a llevarse al plenario para evitar la insolvencia municipal futura y recuerda, especialmente, que San Andrés tiene prohibido en su situación bajar impuestos. «Si los jueces creen que los cambios en la productividad se negociaron poco, pues habrá que negociar más, pero la situación económica exige rebajar esa cuantía», remarca.