León recoge 72 denuncias por utilizar datos personales de forma irregular

s.fernández | león

Los juzgados de la provincia leonesa, en el 2016, recogieron 72 denuncias por inserción indebida en ficheros de morosidad y por contratación irregular de un producto o servicio por parte de una empresa. En ese año, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) resolvió cinco resoluciones de procedimientos sancionadores y de apercibimiento, y declaró una infracción de las Administraciones Públicas.

La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, de los ciudadanos.

Las consultas recibidas en el área de atención al ciudadano superaron en España la cifra de 236.000, en el 2016, un incremento del 8% que se suma al 10% que ya se había producido en el año 2015 sobre 2014. Buena parte de las consultas ciudadanas más frecuentes están relacionadas con la inclusión indebida en ficheros de morosidad, una materia que, por otro lado, también es una de las principales fuentes de reclamaciones planteadas ante la agencia. Junto con la contratación irregular de servicios, supone el grueso de las denuncias que recibe cotidianamente la agencia.

Los conocidos como «ficheros de morosos» son archivos en los que se recogen datos de impagados. Es decir, de personas físicas o jurídicas, que deben una cantidad de dinero a terceros. Todas las personas tienen el derecho de saber si están en un fichero de morosos, así como a acceder a datos personales propios recogidos en estos clasificados. Es posible reclamar la cancelación de los datos de los ficheros de morosidad en el caso de que la deuda se haya pagado o cuando se hayan cumplido los plazos marcados por la ley, o también se podrá ejercer en el supuesto de que la deuda se salde o cuando se pueda demostrar error en la factura emitida.

Las reclamaciones de tutela de derechos, por la inclusión indebida en ficheros de morosidad, pone de relieve el aumento de demandas en este ámbito, debido principalmente a las presentadas respecto de los ficheros de solvencia patrimonial. De hecho, el 25% de las reclamaciones de cancelación de datos tienen relación con ficheros de solvencia patrimonial. 

Este tipo de ficheros son creados o mantenidos por una empresa dedicada a la prestación de servicios de información patrimonial y en el que se guardan datos relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias por parte de personas y empresas. 

Dentro de las reclamaciones por la denegación del derecho de cancelación ante los ficheros de solvencia patrimonial, la mayoría de los casos se producen por negar el reclamante la existencia de la deuda que ha sido inscrita en los citados ficheros, por parte, sobre todo, de compañías de telecomunicaciones, energía o de empresas que compran créditos. Esta práctica conlleva importantes consecuencias desfavorables para las personas inscritas en ellos, como negación de créditos o imposibilidad de contratar ante determinadas entidades. 

En el sector de las entidades financieras, las denuncias revelan que con frecuencia se descuidan las garantías en materia de protección de datos de los afectados. 

La contratación irregular se produce cuando la empresa encargada de ofrecerte un producto o servicio no lo realiza con toda la transparencia y garantía que indica la ley, es decir puede incluir cláusulas abusivas, coste por encima del pactado, etc.

En la contratación irregular destaca el relevante aumento de denuncias por contrataciones de microcréditos a distancia a través de una web. La falta de protocolos adecuados por parte de este tipo de entidades para proceder a la identificación inequívoca de los solicitantes de crédito da lugar a imputaciones erróneas a terceros ajenos, provocando los consiguientes perjuicios en materia de protección de datos a los afectados. También deben mencionarse las denuncias respecto de las contrataciones realizadas por entidades de telecomunicaciones. La liberalización de este sector permite que los ciudadanos puedan cambiar de entidad que les suministra los servicios. Sin embargo, la falta de diligencia da lugar a tratamientos ilícitos de datos personales a terceros.