Polémica por la fiscalización de los rendimientos en los alquileres turísticos
dl | león
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha planteado a la Secretaría de Estado de Hacienda la necesidad de que clarifique la fiscalidad de los rendimientos producidos por el alquiler de inmuebles destinados a uso turístico, cuando los propietarios son personas físicas que no ejercen una actividad empresarial y profesional.
De no dictarse directrices claras, esta actividad quedará únicamente en manos de empresas e intermediarios en perjuicio de los propietarios particulares.
La institución ha recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por las normas aprobadas por algunas comunidades autónomas para regular la actividad del alquiler de viviendas de uso turístico, caso de Castilla y León. Estas normas imponen el cumplimiento de unos requisitos, como el alta en seguridad social y en un censo tributario, que en la práctica, impiden a los particulares alquilar sus viviendas.
El núcleo de la cuestión radica en que este mercado ha experimentado un cambio muy grande y muy rápido. Hasta fechas recientes, las viviendas alquiladas con fines turísticos por particulares sólo encontraban inquilinos de forma local y ocasional. Con el desarrollo de las comunicaciones y la aparición de Internet el mercado ha crecido y se ha flexibilizado.