Lexnet vuelve a generar problemas en los juzgados y desespera a la plantilla

miguel ángel zamora | león

Los juzgados de León sufren desde el pasado martes importantes problemas de ralentización en el funcionamiento de Lexnet, como consecuencia de una incidencia que el Ministerio de Justicia considera de carácter nacional y que se achaca a diferentes ajustes que se han realizado en los últimos meses.

Las consecuencias de estos problemas se traducen en una lentitud en algunos de los trámites procesales que generan periodos de pausa que desesperan a los trabajadores. «Hemos pedido explicaciones al Ministerio», explicaron a este periódico fuentes consultadas. «Parece ser que están tratando de solucionarlo pero la realidad es que llevamos dos días con unos problemas terribles», explicaron las mismas fuentes.

A finales del mes pasado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se reunió en sesión extraordinaria y acordó abrir diligencias informativas para esclarecer si la posible quiebra de seguridad del sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (LexNET) sucedida días antes produjo una violación de las normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Las actuaciones serán tramitadas por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), órgano técnico del CGPJ.

COLABORACIÓN

El órgano de gobierno de los jueces, que había tenido conocimiento de los hechos a través de las informaciones publicadas por los medios de comunicación y en redes sociales, acordó abrir esa investigación en su condición de autoridad de control y en virtud de las facultades que le atribuye la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CGPJ solicitó entonces la colaboración del Ministerio de Justicia en las actuaciones que, como autoridad de control, demandara en aras a la consecución de los fines pretendidos.

No obstante, los problemas siguen sucediéndose en este ámbito, a la espera de que se adopten soluciones definitivas para que el proyecto del expediente digital sea una realidad firme en el menor plazo de tiempo posible, al margen de los inconvenientes que se han sucedido de forma reiterada desde su implantación en la capital.

Justicia, por de pronto, calcula que tendrá que invertir en torno a 60 millones de euros para solucionar los problemas. El propio Consejo de Ministros dedicará más de 36 millones de euros a «la adquisición de servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de ‘backup».

Otros 19 millones serán para contratar «servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas». Para la integración en las comunidades autónomas se dedicarán otros seis millones de euros más como mínimo.