Letrados y procuradores critican que se sospeche de todo el colectivo
José Luis Gorgojo, decano del Colegio de Abogados de León, se ciñó a una comunicación pública redactada por el Consejo General de la Abogacía Española para explicar su postura a este respecto: «La autorización para que los tribunales y juzgados faciliten datos relativos a la actuación de cada abogado y procurador en los procedimientos judiciales de 2014, 2015 y 2016 siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas y se basa en un concepto – la trascendencia tributaria - ambiguo y jurídicamente indeterminado», explica el comunicado.
«Los abogados, como cualquier otro profesional, están sometidos a las normas de tributación legalmente establecidas y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, por lo que esta solicitud de la AEAT sobre asuntos que están en los juzgados y tribunales por innecesaria, redundante y desproporcionada no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado como son los profesionales de la abogacía».
Los abogados se congratulan de que el CGPJ se haya opuesto a que también se faciliten los datos del cliente «tal como pedía la Agencia Tributaria».
Por su parte, Fernando Álvarez Tejerina, decano del Colegio de Procuradores, cree que no se puede hacer «una cesión indiscriminada de toda la información jurídico-procesal de los abogados y procuradores (se han salvado los graduados sociales, peritos, abogados del Estado?) con trascendencia tributaria».
«La Agencia Tributaria tiene medios más que suficientes para que si existen sospechas respecto a cualquier profesional que actúe de manera defraudadora exigirle, las comprobaciones e inspecciones oportunas e incluso pedir la colaboración de los juzgados y tribunales con listados oportunos, pero no ad cautelam situar a todo un colectivo como son los abogados y procuradores como posibles defraudadores o cuando menos sospechosos” de defraudación por el mero hecho de ejercer una profesión de procurador en nuestro caso», explicó Álvarez Tejerina a este periódico.
La procura española está en estado de alerta «pues entendemos encontrarnos bajo una sospecha generalizada como defraudadores fiscales, siendo la realidad muy distinta, por llevar a cabo todos los procuradores nuestras declaraciones a Hacienda para cada uno de los tributos. Nuestra voluntad de colaborar con el fisco español, no debe verse empañada».