IU canalizará en la UE las quejas de los perjudicados por las obras de Pajares

A. G. Puente | león

Ante el «desastre ecológico, económico y ambiental» provocado por las obras de la Variante de Pajares en sus vertientes leonesa y asturiana, Izquierda Unida anunció ayer en la capital una batalla legal en la Unión Europea con el objetivo de denunciar la situación y conseguir la restauración de las amplias zonas dañadas. La eurodiputada Ángela Vallina comentó que los trabajos para construir el paso bajo tierra del tren de alta velocidad entre la provincia y el Principado ha violado tres directivas de la UE, un incumplimiento reiterado de la normativa que abre la puerta a las denuncias de los particulares en el ámbito de la Comisión de Peticiones. En su visita a León, con recorrido por las zonas afectadas, animó a los perjudicados a acudir a esta vía y se comprometió a canalizar este descontento en busca de la intervención de Bruselas a través de expedientes sancionadores y multas al Gobierno de España.

Vallina remarcó que ya han mantenido dos entrevistas con responsables de Control de la Comisión Europea para conocer qué tipo de supervisión han realizado con la obra de la Variante de Pajares, ya que —recordó la europarlamenaria— el proyecto cuenta con fondos de la UE y debe ser fiscalizada. «En Europa tenemos la posibilidad de hacer aún distintos movimientos para denunciar esta situación y conseguir una reparación ambiental».

Previamente, la coordinadora provincial de la coalición, Eloína Terrón, señaló que habían pedido ayuda a la europarlamentaria asturiana ante el desastre ambiental de Pajares. Recordó el daño que han sufrido una veintena de acuíferos en pueblos de los municipios de La Pola de Gordón y Villamanín y los millones de litros de agua trasvasados al Principado por el impacto de las obras de la Variante, un flujo que aún no ha cesado.

Durante la visita de la expedición asturiana a la zona leonesa afectada conocieron la impresión de los perjudicados y cargos públicos del área. Terrón aludió a la multa de 10.000 euros que la CHD impuso a Adif, una sanción que tachó de «ridícula ante el hecho tan grave; no queremos un resarcimiento económico, sino la restauración de la zona con la recuperación de esos acuíferos».

Vallina, por su parte, lamentó que España se encuentre entre los países a la cabeza de incumplimientos medioambientales. «Como me dijo una vez un comisario, a España aún le quedan veinte años para que tome conciencia sobre este asunto». Y, paradójicamente, este país también es el estado que más peticiones presenta.