Desaparece la factura energética que generó una comisión de investigación

p. infiesta | san andrés

Como si de una novela de Agatha Christie se tratara, las dependencias del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo parecen haberse convertido en el escenario propicio para una de sus historias de suspense. Hace un año, en junio de 2016, y a instancias del grupo municipal Ciudadanos, se formó una comisión de investigación sobre una factura que el Consistorio adeudaba de 164.756 euros y que reclamaba una empresa por su labor a favor del ahorro energético. No quedaba claro si por obras realizadas para reducir el gasto de electricidad en el municipio, por sustitución de luces u otras infraestructuras que lograran menores consumos. Antes de pagar a la concesionaria del servicio, la comisión quería esclarecer qué hizo exactamente la compañía entre 2013 y 2016 que justificara el importe de la factura cuyo pago exigía.

Tras dieciséis meses, la comisión de investigación cerró su cuaderno el pasado martes con la sorpresa de que la famosa factura de ahorro energético había desaparecido del expediente, y ni el mejor Poirot la habría podido encontrar. Para añadir ingredientes, la comisión solicitó la comparecencia del responsable de la empresa para averiguar qué trabajos en concreto se le debían pagar, pero no acudió a la cita, y por más que los investigadores recorrieron departamentos de la casa consistorial en busca de explicaciones sobre las obras o infraestructuras colocadas que justificaran los casi 165.000 euros en juego, no fueron capaces de encontrar las claves. Solución: acordaron plantear al Pleno la necesidad de recurrir a la justicia penal contra las personas, «si las hubiera, responsables de los hechos». La creación de la comisión se aprobó en un pleno en mayo de 2016 por unanimidad de los presentes (el PP había abandonado la sesión), para despejar las dudas suscitadas por esa factura. La presidencia recayó en el concejal del PAL, Francisco Javier Gómez, al que acompañaron los ediles Miguel Ángel Flórez (PSOE), Noelia Álvarez (PP), Felipe Ménguez (Izquierda Unida), Juan Carlos Fernández (C’s) y Rosa María Fernández (UPL). En su primera intervención, Gómez advirtió que las deliberaciones de la investigación requerían sigilo profesional en todas y cada una de las sesiones que se llevaran a cabo hasta la resolución final que se produjo esta semana. También acordaron no percibir retribución económica por las reuniones. «Habrá luz y taquígrafos y se hará todo lo que sea necesario para dar transparencia a la gestión de este Ayuntamiento», señaló.