Las sentencias contra las plusvalías dejan en el aire 5 millones de recaudación en León
El Ayuntamiento está a la espera de que el Gobierno adopte una solución tras el fallo en contra del Constitucional.
Vista aérea de la ciudad de León, en una imagen de archivo. RAMIRO
manuel c. cachafeiro | león
La indefinición en torno al impuesto de plusvalías, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula su pago cuando se vende por debajo de su valor registral, está poniendo contra las cuerdas más de cinco millones de euros de recaudación anuales en el Ayuntamiento de León, justo en uno de los tributos que más ha crecido en lo que va de año.
«La sentencia del Constitucional obliga al Gobierno a adaptar la ley y, por tanto, estamos a la espera de lo que dispongan las Cortes generales de España», es la escueta respuesta del concejal de Hacienda, Agustín Rajoy, ante una situación en la que el Consistorio leonés no puede hacer nada por voluntad propia, salvo esperar a que haya un nuevo acuerdo de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Aunque el valor de los pisos ha bajado en los últimos años, el Ayuntamiento ha mantenido la recaudación hasta en los peores años de la crisis. Así, en 2011, las arcas municipales llegaron a recaudar 6,2 millones de euros. Desde 2012, esa cantidad anual bajó en un millón y se estabilizó: 4,92 millones en 2012; 5, 5 en 2013; 5,7 en 2014; 5,6 en 2015 y 5,8 en 2016.
En lo que va del año 2017, sin embargo, sólo en los dos primeros trimestres, ya se ha llegado a 5,84 millones de euros, gracias al nuevo auge inmobiliario y la mejora de la economía en general.
El pasado 3 de octubre, la Cámara de la Propiedad Urbana de León se dirigió a todos los ayuntamientos de la provincia, y no sólo al de León, para que no sigan cobrando este impuesto. Tras recordar que a la sentencia del Constitucional se suman otros dos fallos de Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, que anulan la propia base legal que permite el cobro, la institución cameral exige que se devuelvan los importes liquidados en vía administrativa, es decir, «sin que el afectado tenga que acudir a los tribunales reclamando lo indebidamente pagado».
Para el caso de que se haya producido una efectiva plusvalía también solicita la Cámara la suspensión del pago, dado que el Tribunal Supremo ha anulado la fórmula de cálculo aplicada hasta ahora por los ayuntamientos, con lo cual, a día de hoy «la Plusvalía Municipal no dispone de una base legal que permita su liquidación y cobro», sentencia un portavoz de esta asociación de propietarios.
El Gobierno sigue sin mover ficha pese a que el Congreso de los Diputados aprobó en marzo, con el voto en contra del Partido Popular, una moción de Ciudadanos para que los ayuntamientos devuelvan lo cobrado de más por las plusvalías municipales «de acuerdo con las últimas sentencias». En algunos ayuntamientos del alfoz se recoge la documentación pero no se tramita a la espera de lo que diga el Gobierno. Incluso en Astorga, el equipo de gobierno estudia una subida del IBI para compensar la caída de ingresos.
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