El Gobierno arrebata a las confederaciones el control sobre el caos tolerado en Pajares

A. G. Puente | redacción

Medio Ambiente ha decidido tomar el control para paliar los daños de la Variante de Pajares y deja de lado a las confederaciones. Quince años después de que el Boletín Oficial del Estado publicara la declaración de impacto ambiental del proyecto de la Variante de Pajares, los graves destrozos que las obras han causado en los acuíferos y los hábitats de la vertientes leonesa y asturiana —con el trasvase de millones de litros de agua al Principado— obligan ahora al Gobierno a la modificación parcial del documento.

Tal y como acaban de comunicar a la defensa de los perjudicados, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural inicia los trabajos para realizar los cambios. En la práctica, como explica el abogado del colectivo Carlos González-Antón, «el Ministerio de Medio Ambiente toma el control de la situación por encima de decisiones e intervenciones de las confederaciones del Duero y Norte». Se trata de una decisión que busca evitar problemas competenciales y dar una solución integral.

En su escrito, el Gobierno reconoce que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias estimadas en su día en la declaración ambiental de las obras de la Variante de Pajares «fueron insuficientes e ineficaces» y que el documento nuevo deberá modificar estos parámetros para paliar el daño causado en espacios naturales protegidos de los municipios de La Pola de Gordón y Villamanín.

«La modificación de la declaración de impacto ambiental será parcial, pero muy relevante. Es lo que nosotros llevábamos demandando desde hace tiempo», remarca González-Antón. En estas modificaciones, Medio Ambiente realizará un inventariado de los impactos que hasta el momento han causado las obras de la Variante y planteará un proyecto integral con soluciones globales para ambas vertientes.

Con el inicio del procedimiento —se garantiza que serán estudiadas todas las alternativas— para la modificación se establece la obligación de contar con todos los participantes en el proceso y la posterior publicación de la parte nueva de la declaración para el preceptivo periodo de información pública. «Todo acabará con una resolución que puede ser impugnada ante los tribunales».

El abogado asegura, además, que un punto clave en todo este asunto tendrá a la inversión como protagonista. «Se le obligará al promotor de la obra a ejecutar y financiar las obras precisas para restaurar los daños causados con medidas correctoras y adicionales».

Más de diez años después del inicio de la lucha legal y administrativa de los pueblos afectados por los trabajos de los macrotúneles de Pajares, los perjudicados —leoneses y asturianos— han logrado que el Gobierno escuche su voz y acceda a modificar la declaración de impacto ambiental y la ejecución de las medidas precisas para reparar los múltiples daños en los hábitats perjudicados.

La larga batalla legal y administrativa de los afectados ha llegado no sólo hasta el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente, sino también a la Unión Europea, la Unesco, la Junta de Castilla y León y las confederaciones hidrográficas del Duero y Norte. El trasvase constante de agua de León a Asturias también fue la causa de las filtraciones que sufrieron los túneles.