suelo para fines sociales
La oportunidad desperdiciada
La postura enrocada de la institución provincial lleva otra vez el asunto ante el juez y se expone al pago de una cantidad millonaria .
La demanda civil llegó a los juzgados de León a finales de 2015, aunque un acuerdo entre la Diputación y Sierra Pambley para negociar y pactar una solución suspendió el proceso en la primavera del año siguiente. Desde entonces, las diversas reuniones e informes han alejado más las posiciones y ahora la demanda vuelve a ponerse en marcha. La falta de acuerdo expone a la institución provincial al pago de una indemnización millonaria, cifrada por la fundación en algo más de 8,6 millones de euros.
Martínez Majo insiste en remarcar el uso social de las instalaciones y evidencia que no es el mismo en el siglo XXI que cuando se compraron los terrenos. Pone como ejemplo los distintos colectivos de discapacitados que tienen allí sede, así como la presencia de programas educativos (Criele y el módulo de FP de Cocina y Hostelería). Recuerda también la misión que los pabellones de San Cayetano han cumplido a lo largo de estas décadas, como sede del hospicio provincial. «Estamos absolutamente convencidos de que cumplimos los fines sociales»
Mientras, la fundación pone en duda que los fines rubricados en el contrato se hayan cumplido siempre con instalaciones ubicadas allí por la institución provincial, como el Parque Móvil o numerosos servicios administrativos trasladados desde el centro de la ciudad.
El contrato de venta rubricado entre las partes en 1949 ya especificaba cómo debía ser calculada la indemnización en caso de incumplimiento de los fines sociales: «La diferencia entre el precio de aquel momento (1,7 millones de pesetas) y el valor real de la finca excluidas las edificaciones que en ella existan en el momento de ejercitarse la reclamación, fijándose tal valor por justa peritación...». La Diputación pagó en su día 1,7 millones de pesetas por la compra a Sierra Pambley del monte San Isidro, a razón de 1,30 pesetas por metro.
Después de once años en busca de un acuerdo con la Diputación sin conseguir resultado alguno, la fundación decidió acudir al juzgado y a finales de 2015 presentó una demanda civil. Durante años la Diputación mantuvo un convenio con la fundación por el que pagaba una cantidad por ejercicio, como compensación por utilizar ese suelo. Este acuerdo tácito fue cancelado por Carrasco.