Cs recula y aplaza el presupuesto hasta que el PP logre permiso de Hacienda
Pese a aprobarlo en la comisión del viernes, Villarroel se escuda ahora en los informes contradictorios de los técnicos

Villarroel y Silván, durante la firma del acuerdo de presupuestos, pactado hace apenas 20 días. RAMIRO
Ahora, no le vale el informe de la Secretaria General del Ayuntamiento de León. Después de haber suscrito el criterio en la comisión informativa del pasado viernes, Ciudadanos se descolgó ayer a media mañana, a menos de 24 horas del Pleno, con un comunicado de prensa en el que anunciaba que no apoyará los presupuestos municipales «hasta que el Ministerio de Hacienda se pronuncie». No habrá por tanto aprobación inicial hoy de las cuentas municipales de 2018 para con posterioridad enviarlas al departamento de Cristóbal Montoro, como reclamó la secretaría de Estado de Hacienda por carta, y que el organismo de tutela financiera se pronuncie antes de la ratificación definitiva, que tendrá lugar en la sesión plenaria de febrero. No saldrán adelante, después de que el aviso de la formación naranja hiciera que el PP se viera obligado a retirar avanzar que retirará el punto del orden del día ante la falta de apoyos para poder sacarlo adelante.
Ciudadanos justificó su «cambio de criterio», como lo calificó el PP, en que frente al informe de la Secretaría General se contrapone otro de Intervención con «opiniones totalmente opuestas», dado que el interventor insiste en que el permiso de Hacienda debe ser «previo» a la aprobación inicial del presupuesto, además de «vinculante». Nada que ver con el documento suscrito por la secretaria, que defiende que «para que pueda exigirse» el envío de las cuentas al departamento de Montoro, «el procedimiento de aprobación del presupuesto tiene que haberse iniciado de oficio y esta iniciación se produce con la aprobación inicial por el Pleno de la corporación». «Posteriormente se pedirá el informe al ministerio, que tiene un plazo de 10 días para emitirlo y se someterá a información pública», detalla la alta funcionaria encargada de velar por la legalidad del procedimiento.
Dos informes opuestos
Para apuntalar el argumento, el PP insistió en que «otros ayuntamientos que están sometidos a informe preceptivo del Ministerio de Hacienda, como el de Jerez, han seguido el criterio expresado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, actual Secretaría General de Financiación Autonómica y Local», en el que razona que «el envío puede hacerse posteriormente a la aprobación inicial siempre que no tenga lugar la aprobación definitiva hasta que se reciba el indicado informe y se adopten las medidas que, en su caso, dicho informe pueda solicitar a la corporación».
Pese a estos argumentos, Ciudadanos incidió en que «es inadmisible que el PP, partido que gestiona y gobierna este Ayuntamiento, tenga un requerimiento ministerial desde noviembre para enviar los presupuestos y haya hecho caso omiso del mismo». «Nosotros hemos hecho nuestro trabajo negociando y mejorando los presupuestos y ahora es el alcalde el que debe cumplir con el Ministerio de Hacienda y con los leoneses lo antes posible», apuntó Villarroel, después de que en los pasados días los grupos de la oposición cargaran contra la formación naranja como cómplice del equipo de gobierno popular.
Frente a los ataques, el PP recalcó que el Ayuntamiento «no está intervenido, ni incluido en el requerimiento emitido por el Ministerio de Hacienda a 660 municipios de España que incumplen el Plan de Ajuste de 2012», a la vez que defendió que «la obligación» del consistorio «es garantizar plenamente la prestación de servicios municipales». «Los servicios a los leoneses se cubren, como la residencia de mayores, el coto escolar, el transporte público, la escuela municipal de música y el resto de los servicios de carácter social que se prestan y, al mismo tiempo, se cumple con los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera exigidos por el Ministerio de Hacienda», defendió el concejal responsable, Agustín Rajoy, en referencia a que el plan exigía que se cubriera el coste de los servicios con las tasas y precios públicos, aunque se ha logrado afrontar el pago de la deuda sin tener que llegar a estos extremos que elevarían la factura o incluso obligarían a cerrar alguno.
La oposición carga
Desde la oposición, el PSOE aprovechó para considerar «injustificable que no exista un criterio serio y responsable en la gestión de estos presupuestos». «Hay 145 millones de euros de los leoneses que son esenciales para el mantenimiento de los servicios públicos y de la ciudad y que están supeditados a los cambios de rumbo del partido naranja y a la falta de control de un alcalde ausente que no ha sido capaz de dar la cara tras los requerimiento del Ministerio de Hacienda y la intervención de las cuentas municipales», aseguró el portavoz, José Antonio Diez, quien reclamó «seriedad y rigor».
Más duro fue el líder de la UPL, Eduardo López Sendino, quien exigió «depurar las responsabilidades de quienes gobiernan el Ayuntamiento a su antojo sin contar con el resto de los grupos políticos de la oposición, como son el PP y Ciudadanos».