La fiscal cree que en Orozco Building existió apropiación indebida o estafa

miguel ángel zamora | león

La representante del Ministerio Fiscal considera que el caso de Orozco Building es constitutivo de un delito de apropiación indebida, por el que solicita una pena de seis años de prisión para cada uno de los dos procesados que durante dos días han sido juzgados en la Audiencia Provincial de León.

De forma alternativa, la fiscal solicitó a la sala que considere la posibilidad de que se incardinar en el epígrafe de estafa, por el que en cualquier caso cabría aplicar la misma pena de prisión.

En los dos supuestos, se fijaría una responsabilidad subsidiaria de cerca de 372.000 euros, correspondientes a las cantidades que abonaron las 18 víctimas, que pese a entregar adelantos a cuenta, se quedaron sin piso y sin dinero.

La maratoniana última sesión de la vista oral, que concluyó al borde de las tres de la tarde, se cerró con la negativa de los dos investigados a hacer uso del último turno de palabra. A lo largo de toda la mañana desfilaron por la sala de vistas principal del Palacio de Justicia los afectados por el caso. Todos ellos negaron ser conscientes de que los inmuebles que habían adquirido estuviesen sujetos a una segunda hipoteca o que fuesen conscientes de que no se registrara en los contratos la cláusula que obliga a la empresa constructora a disponer de un aval para devolver en caso necesario las cantidades anticipadas.

Incluso en el caso de uno de los últimos testimonios, a una joven se le aceptaron además de los 25.000 euros de adelanto, 500 más por cambiar el color de la pintura y 300 euros por una tasación bancaria. A esas alturas, según la fiscal, los investigados ya sabían que no iban a poder entregar los pisos «y aún así cogieron el dinero».

Por eso precisamente entiende el Ministerio Público que puede tratarse de una estafa. «La diferencia radica en el dolo, sabían que estaban causando un daño», repuso. Antes, la vista había registrado tres momentos de cierta tensión. Hubo tres cruces dialécticos tensos entre el ponente y la letrada defensora de uno de los acusados, entre la otra letrada defensora y la fiscal y entre el ponente y la representante del Ministerio Público. Nada grave.

Antes había intervenido por videoconferencia desde Málaga el último administrador de la empresa. «Yo conocí a estos señores un mes antes de comprar las acciones de la empresa. ¿Cuánto me costaron? Un euro». La fiscal resumió la estrategia del testaferro . Se trataba de poner un hombre de paja al frente del negocio, que además era insolvente, para eliminar el riesgo de tener que hacer frente a las consecuencias económicas . «Yo sí tenía propiedades. De hecho, intenté avalar el segundo crédito con una mía tasada en millón y medio de euros». No figuraba a su nombre, sino al de una sociedad, según el Ministerio Público.

«Todos los hechos que se imputaban a los procesados han quedado acreditados», explicó la responsable de la acusación pública. Las defensas reiteraron que los compradores conocían perfectamente la situación y que la responsabilidad que pudiera derivar de los hechos, nunca sería de carácter penal, por lo que propusieron la libre absolución de sus clientes.