Los constructores se aferran a su rentabilidad y disparan el abandono de las obras públicas en León

«No estamos pidiendo el enriquecimiento de las empresas, estamos pidiendo justicia económica para las empresas». El presidente de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (Aleop), Juan María Vallejo, argumenta las razones de los constructores para no acudir a las licitaciones de obra pública, sobre todo las que sacan las administraciones locales. Una negativa que está disparando los proyectos que quedan desiertos y sin ejecutar, inversiones que no se materializan a pesar de estar proyectadas y presupuestadas. También el abandono de proyectos en marcha, o el desistimiento de contratos ya adjudicados. Un fenómeno que amenaza con agravarse en los próximos meses, y que tiene especial incidencia en León dentro de la comunidad autónoma.

Según los últimos datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, solo en los nueve primeros meses de este año en la provincia queraron desiertas 50 obras, casi un tercio de las 166 que no encontraron quien las realizara en el conjunto de la Comunidad. Dejan de invertirse así unos 12 millones de euros, el 30% de la pérdida autonómica.

A la cabeza

Las cifras de León están muy lejos de la siguiente provincia con más proyectos desistidos, Palencia, con 23 y 7 millones sin invertir. En Castilla y León son 166 las obras desiertas, por casi 39 millones de euros.

De esas 50 obras desiertas en León son 42, por 10,6 millones de euros, las que corresponden a la Diputación y los ayuntamientos, los más perjudicados con diferencia por esta situación.

El principal problema, señala Vallejo, es que, sobre todo en las obras más pequeñas, no se realiza una actualización de precios. «Desde que se licita hasta que se ejecuta la obra pasan meses en los que el material se encarece mucho, y eso hace que al final a las empresas no les salga rentable acometer esas actuaciones». Y la escasez de mano de obra «sigue siendo un gran problema, y otro factor que está encareciendo la ejecución de las licitaciones».

Vallejo explica que la rentabilidad del sector de la obra pública está en torno al 3%. «Si el IPC ya este año ronda el 5%, no es rentable. Y las empresas ahora somos más prudentes, aprendimos de la crisis de 2007. Si podemos crecer haciendo más obra bien, pero si hacer más obra implica menos rentabilidad, no acudimos a las licitaciones».

La solución, señala el presidente de los constructores, «se lleva pidiendo desde hace tiempo desde la Confederación Nacional de la Construcción, y pasa por la actualización de precios de todos los contratos, también de los menores». Que son los que licitan las administraciones locales (Diputación y ayuntamientos), y los que concentran el 84% de las obras desiertas en la provincia.

Aleop destaca que estos contratos suelen tener un plazo de ejecución de menos de 12 meses, y «ahí la ley no permite la actualización de precios». La normativa contempla la revisión de los precios de las obras licitadas un año después del inicio de los trabajo, y con un 20% ejecutado. «Las obras de los ayuntamientos son más pequeñas, lleva menos tiempo ejecutarlas. Pero si entre el presupuesto y el inicio de las tareas pasan 18 meses, por ejemplo, porque la tramitación suele ser muy lenta, el coste real para las empresas ya es más que el pactado. No tiene sentido para las empresas crear más cartera a base de perder rentabilidad».

Bajas más acusadas

Vallejo explica también que las bajas con las que se acude a las licitaciones son «mucho más acusadas que antes. Solían ser de en torno al 10%, ahora llegamos a casi el 30%. Eso es el mercado, y está pasando en todo el país. Tenemos que afrontar el encarecimiento de la energía y las materias primas, la subida de los salarios, que lo vemos justo, pero si después no tenemos garantía de que se actualicen los precios reales de las obras las cuentas no salen. Por eso las empresas no concurrimos a estos contratos».

El presidente de los constructores leoneses insiste en que la situación es «una injusticia empresarial. Si la inflación está subiendo ahora un 4 ó 5% al año y una obra dura dos años, hablamos de un incremento de los costes de las materias primas de más del 8% para la empresa. Si la rentabilidad de la obra es del 3%, no tiene ningún sentido optar a los contratos porque lo más seguro es que te dé pérdidas. ¿Qué pedimos? Que se aplique la ley y la revisión de precios para salvar este desfase se realice sobre todos los contratos». Mientras no sea así, «una tarea que queda ya para el próximo gobierno», las obras «no se desarrollarán, o las que están iniciadas se pararán. La viabilidad de las empresas tiene que estar por encima de todo».

Una situación que, a nivel nacional, se está trasladando ya por ejemplo a los millonarios contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, que se ejecutan por fases. «Suelen ser periodos de cuatro años, y no se están actualizando los precios. Si esto sigue así, cada vez serán más las obras que queden desiertas».