El juez archiva la causa contra los ex consejeros de la Caja al haber prescrito

La "presunta responsabilidad penal como consecuencia de haberse apreciado la prescripción del delito societario" está extinguida en el caso de la denuncia contra los ex consejeros de Caja España que el 8 de enero de 2009 aprobaron por unanimidad la refinanciación de los créditos de las empresas del constructor Santos Llamas, entonces presidente de la entidad. En consecuencia, "se acuerda el sobreseimiento libre de las diligencias" que ha llevado a cabo el Juzgado de Instrucción Número 5 de León, y se procede al archivo de las actuaciones. Es la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de León, Fernando Muñiz (que sustituye a la titular del 5, de baja), que los días 19 y 20 del pasado mes tomó declaración a los ex consejeros. El auto hecho público hoy cierra así un largo proceso judicial, contra el que cabe recurso de reforma y apelación.

El juez destaca que aunque las operaciones investigadas y sobre las que se han emitido varios informes periciales son más amplias en el tiempo, el Ministerio fiscal solicitó "hasta en tres ocasiones" la citación como investigados de los vocales o consejeros que acudieron a la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 8 de enero de 2009, quedando así circunscrito el presunto delito de administración desleal al acuerdo allí adoptado de reestructuraciíon de deudas" . Y el objeto de la instrucción se limitaba así a ese acuerdo, del que han transcurrido más de cinco años, por lo cual se considera por el juez prescrito.

Los ex consejeros de Caja España (a excepción del número 3 del PP Fernando Martínez Maíllo, por su condición de aforado) comparecieron ante el juez el mes pasado.

El primer día acudieron al juzgado los ex consejeros Miguel Ángel Álvarez (UGT), Bernardo Fernández (UPL), Y Artemio Domínguez, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro, Alejandro Menéndez y Javier García Prieto (del PP). Sólo el ex alcalde socialista de León contestó a las preguntas del juez y su defensa; el resto de los comparecientes se acogieron a su derecho a no declarar. Sí lo hicieron al día siguiente, a respuestas de todas las partes, Marcos García, Zenón Jiménez Ridruejo, Begoña Núñez, Olga Palacio (todos ellos representantes del PSOE;) y José Antonio Turrado (de Asaja), al juez y a su defensa.

Los ex consejeros socialistas defendieron que la novación de créditos no se concedió sólo al grupo de Santos Llamas, sino a todos los constructores, con el objetivo de evitar por una parte colocar a la entidad financiera en situación de intervención ante las provisiones que tenían que dotar para cubrir el crédito concedido al ladrillo; y por otro para salvaguardar el máximo tiempo posible la actividad de las empresas constructoras y su empleo, a la espera de una recuperación económica que no se produjo, sino que se agravó y arrastró consigo al conjunto del sistema bancario.