Cada inspector de consumo atiende en León los casos de 70.000 habitantes

El sindicato Csif denuncia el «descabezamiento» de la dirección técnica de la Inspección de Consumo en varias provincias de la Comunidad, especialmente en León. También pone de manifiesto «la carencia de recursos y de logística suficientes, para atender adecuadamente las competencias de este servicio, fundamental para defender la salud, seguridad y los derechos económicos y sociales de los consumidores y usuarios». Se da la circunstancia de que en la provincia de León hay siete inspectores, cuando debería haber nueve, que se ocupan de los casos de 69.949 habitantes. Es una media relativamente positiva si se tiene en cuenta que provincias como Burgos o Segovia alcanzan los 92.000 y 81.000 habitantes por inspector.

Esta fuerza sindical critica el «cada vez menor reconocimiento profesional» del personal de Inspección de Consumo dependiente de la Junta cuando la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local da todas las competencias de la defensa del consumidor a la comunidad autónoma.

Coincidiendo hoy con la celebración del Día Internacional del Consumidor, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia «el paulatino deterioro» de la Inspección de Consumo, y reclama a la Junta de Castilla y León que tome las medidas necesarias para acabar con la «dejación y desmantelamiento» de la Inspección de Consumo, servicio que es «fundamental» para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de Castilla y León».

Los 36 inspectores de Consumo que actualmente hay en la Comunidad recibieron durante el año 2016 (últimos datos publicados), 2.151 notificaciones procedentes de la red de alerta de la Unión Europea y 623 notificaciones por parte de las comunidades autónomas. Los esfuerzos se centraron preferentemente en las 1.789 notificaciones europeas y en las 512 autonómicas con riesgo grave, es decir, donde la salud y seguridad de los ciudadanos está seriamente comprometida. A esto hay que sumar las de años anteriores que como hemos dicho no caducan y son acumulativas. No debemos olvidar que los inspectores no tienen como única labor la retirada de productos peligrosos; la investigación de denuncias, la atención al ciudadano y a las empresas, la recogida de muestras para su análisis, el control sistemático y hasta el apoyo al arbitraje de consumo, están entre las funciones de los inspectores.

El caso de León es el siguiente, a tenor del comunicado del sindicato. El anterior jefe de sección de los inspectores de consumo fue sustituido cuando se jubiló y habría sido sustituido por una persona sin ninguna relación con consumo. La provincia dispone actualmente de siete inspectores en activo. Existe una plaza mixta de gestión de Industria e Inspección de Consumo en Ponferrada, «pero esta plaza está cubierta pero nunca se ha ocupado de hacer Inspección de Consumo y, aunque pertenece a Ponferrada, el técnico trabaja en León capital».

Además, en la provincia de León funcionan cinco Omic, la de León capital y las de Ponferrada, Astorga, San Andrés y Villablino. Sus gestiones de mediación implican que si no fructifican los expedientes llegan con un retraso de hasta cinco meses. «Esto supone que, si el denunciante se demora en presentar su denuncia, se intenta la mediación y no fructifica, los tiempos para que prescriba la infracción se acortan peligrosamente». Una infracción leve prescribe al año de que se haya cometido la infracción.