Amilivia cree «inevitable» ampliar los miembros del Consejo Consultivo

álvaro caballero | león

Con su homólogo en Andalucía como testigo, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, abogó ayer por la avanzar «en el futuro» en la reforma de la institución será «inevitable» para garantizar el su funcionamiento como «un verdadero órgano colegiado». «Predicar esto con tres miembros es muy difícil», como apuntó el mandatario leonés, quien insistió en la necesidad de contar con más efectivos para que «no esté viciado el contenido del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales en algún supuesto concreto». Ahora, tras la reforma de la ley de contratos, como explicó el político leonés, se puede dar que el tribunal tenga que manifestarse sobre un asunto y luego el consejo, cuya «composición es idéntica», deba emitir un dictamen.

Amilivia, que se encuentra en funciones ya a la espera de sustituto, abundó en «la reflexión» sobre los cambios que deben aplicarse en el Consejo Consultivo. El máximo responsable del órgano autonómico, que no puede continuar como presidente aunque sí podría como consejero, insistió en que en la comunidad el tribunal de recursos está ligado, al contrario de los que sucede en Andalucía, donde funciona de manera independiente, y supone que «la actividad se incremente cada año». Pese a este volumen, el exalcalde de León reclamó un cambio para que «los dictamen sobre cambios en planes urbanísticos en los espacios públicos y zonas verdes sean vinculantes, como eran antes, y no sólo preceptivos».

La petición la avaló el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, quien incidió en que su institución cuenta ya con estas funciones que permiten «tener un control» para frenar «los cambios urbanísticos que vayan contra los derechos de los ciudadanos», a pesar de que «las administraciones intenten justificarlos por la creación de empleo o el desarrollo de viviendas». Primero, los derechos de los ciudadanos», recalcó el dirigente andaluz

Cano Bueso, que estuvo acompañado por miembros de su equipo como el primer presidente de Andalucía, Rafael Escuredo, agradeció el encuentro para «poner en común experiencias sobre buenos derechos públicos y la defensa de los ciudadanos ante las administraciones». «No sólo estamos para asesorar, sino para marcar caminos para que los procedimientos administrativos sean ágiles y los ciudadanos tengan una respuesta rápida», concedió el responsable del Consejo Consultivo andaluz, quien cuestionó «la invasión normativa que nos abruma» y que debe «ser funcional para los ciudadanos y no una intromisión que les haga más difícil su día a día». «Hay veces que se legisla sobre las cosas más dispares y que complican incluso la actividad económica y mercantil. Debe haber pocas leyes y buenas», sentenció.