La Diputación intenta parar el juicio con Sierra Pambley y evitar el pago de 8,6 M€
Ante el anuncio del litigio por el monte San Isidro para septiembre busca de nuevo un acuerdo.
En la enorme extensión del monte San Isidro se encuentra el complejo San Cayetano. JESÚS F. SALVADORES
a. g. Puente | redacción
Ya hay fecha para el juicio que deberá dirimir la larga batalla que enfrenta a la Diputación con la Fundación Sierra Pambley por los terrenos del monte San Isidro. Será en septiembre en el Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de la capital, donde prosperó la demanda civil planteada en noviembre por el patronato socioeducativo contra la institución provincial, a la que exige una indemnización de 8,6 millones por lo que considera uso indebido del suelo que la vendió hace casi 70 años en este espacio natural de la ciudad. Ante la notificación del juicio, y tras el fracaso de las negociaciones que obligaron a Sierra Pambley a reactivar la demanda —previamente paralizada—, el Palacio de los Guzmanes quiere evitar por todos los medios el litigio ante el riesgo de perder y enfrentarse a una indemnización millonaria.
El vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón, explica que reabrirá las negociaciones con la fundación en busca de un acuerdo «para intentar que el juicio no se celebre; dialogaremos para cerrar un pacto, es nuestra obligación». Ante la inquietud de la oposición, en el último Pleno el diputado de la UPL Matías Llorente preguntó al equipo de gobierno por este asunto, remarca que convocará una Junta de Portavoces para explicar este asunto a todos los grupos.
Después de recibir la demanda civil, con la decisión del patronato de reactivarla, el juez la admitió a trámite y decidió la apertura de juicio oral con la fijación de la fecha. Las defensas de las dos partes ya han expuesto sus argumentos (con la documentación pertinente) en la audiencia previa celebrada.
En la última negociación, después de los tiras y aflojas previos, la institución provincial ofertó a la fundación 200.000 euros anuales durante veinte años (un total de cuatro millones), mientras que Sierra Pambley reclamaba 8,6 millones de acuerdo a los peritajes de sus técnicos.
Los terrenos de la discordia conforman una enorme extensión de terreno —133,47 hectáreas— que en 1949 la Diputación compró por 1,7 millones de pesetas: a razón de 1,30 por metro. De acuerdo al contrato de venta, la institución provincial está obligada a destinar los terrenos a usos sociales, un extremo que Sierra Pambley considera que no se ha cumplido. Incluso, el documento reflejaba en ese momento cómo debía establecerse esa indemnización en caso de que se incumplieran los fines sociales: «la diferencia entre el precio de aquel momento y el valor real de la finca excluidas las edificaciones que en ella existan en el momento de ejercitarse la reclamación, fijándose tal valor por justa peritación».
Las discrepancias a la hora de valorar los terrenos se centraron en lo que unos y otros consideran suelo urbanizado y rústico. Así, mientras la Diputación cifró el valor económico total en seis millones de euros, la Fundación Sierra Pambley lo contabilizó en sus informes periciales en 8,6 millones.