Diario de León

Los trabajadores con discapacidad, en pie de guerra por sus mejoras laborales

Acusan a la patronal y a la Administración de bloquear la negociación desde hace un año.

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A. C. | León

Los trabajadores que atienden a personas con discapacidad en la provincia de León están en pie de guerra para exigir a la administración y a la patronal que mejore las condiciones del convenio colectivo y que en la provincia de León afecta a cuatro mil personas, tanto sin discapacidad como sin ella, ya que también regula a las personas que trabajan en los Centros Especiales de Empleo. Los sindicatos UGT y CCOO ya han realizado la primera protesta, el pasado día 4 en Valladolid, ante la «actitud inmovilista» de las patronales y la falta de respuesta de la Administración, que tienen las negociaciones en punto muerto desde hace un año.

Entre las cuestiones que reclaman en el convenio, la posibilidad de que las personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales puedan «avanzar desde el puesto de operario a otro especializado» y a los que «además no se les da permiso retribuido para ir al médico», como indican los responsables de UGT y CCOO, Cristina Espinosa y José Antonio Alegre.

Los sindicalistas recuerdan que los trabajadores del sector (educadores, psicólogos o trabajadores sociales) tienen un salario base que «en el 80% de los casos no llega a los mil euros brutos mensuales» y que la mitad desarrollan su trabajo en centros especiales de empleo, mientras que el resto lo hace en residencias, centros tutelados, talleres ocupacionales o centros educativos.

A la mejora salarial, UGT y CCOO exigen descansos adecuados y medidas que mejoren la conciliación, que se reconozca su antigüedad y se acompase el sueldo o que las categorías profesionales se ajusten a las funciones.

«Las empresas han encontrado un chollo, porque externalizan sus servicios y crean centros especiales de empleo para ahorrarse seguros sociales y salarios» al contratar a personas con discapacidad, denuncian tanto Espinosa como Alegre, quienes criticaron la pasividad de la Administración, ya que «las empresas no aplican los convenios de cada sector, si no el convenio del centro especial, que es mucho más bajo» y que no se da la pretendida inserción laboral.

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