Podemos aboga por que las resoluciones del Procurador del Común sean vinculantes

El Grupo Parlamentario de Podemos Castilla y León ha reiterado su apuesta para que los dictámenes y resoluciones del Procurador del Común sean vinculantes para las distintas administraciones, y ha recordado que la formación ya presentó una proposición de ley (PL) en las Cortes en este sentido.

Así lo ha adelantado hoy el secretario general y portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, quien durante la mañana mantuvo un encuentro en León con el Procurador del Común, Javier Amoedo, quien cumple un año de interinidad en el cargo.

El objetivo es que el "trabajo ingente" del Procurador del Común "no se quede en agua de borrajas" porque sus resoluciones no se lleguen a aplicar, ha señalado Fernández, quien ha señalado que una opción para su cumplimiento podría ser la aplicación de sanciones. "Esta situación provoca que muchos de los dictámenes se repitan y procedan de años anteriores al carecer el Procurador de herramientas eficaces para que se cumplan los mismos", ha explicado el líder de la formación morada. En este sentido, Podemos quiere reformar la Ley 2/1994 del Procurador del Común con el objetivo de reforzar la institución y garantizar el cumplimiento de sus dictámenes.

La formación también pretende desarrollar el mandato estatutario de independencia de este tipo de instituciones para garantizar que su labor "siga siendo imparcial", ha apuntado el portavoz en las Cortes.

Fernández ha destacado el "excelente" trabajo de Amoedo al frente de la institución, así como el buen y extenso informe presentado por el Procurador en 2017 y que recoge 3.888 quejas sobre asuntos como la educación, la renta garantizada de ciudadanía o las infraestructuras, entre otras. De éstas, el 70 por ciento corresponden a la gestión de la Junta y el 30 por ciento restante con las administraciones locales.

"Algo que nos preocupa es que el Procurador ha tenido que realizar muchas actuaciones de oficio, lo que denota el mal funcionamiento de la administración", ha denunciado Fernández. Unas actuaciones de oficio que se centran en la prescripción de sanciones en materia de medio ambiente por falta de tramitación, así como la cobertura de personal interino en la administración, actuaciones en materia de contaminación de agua potable o la existencia de barracones en colegios públicos.

De las quejas presentadas, 583 proceden de la provincia de León, el 15% del total lo que le convierte en la provincia de la Comunidad que más reclamaciones presenta tras Zamora. A este respecto, Fernández ha destacado cómo las quejas en León se han incrementado en un 45% con respecto a 2016, siendo las más numerosas, 131 del total, las que tienen que ver con el acceso a la Función Pública y promociones internas del funcionariado. Fernández ha insistido en alabar a la institución del Procurador como "referente en la mejora de la calidad de la democracia".

Sobre la renovación de Javier Amoedo al frente de la institución, Fernández ha destacado su buena labor y ha recalcado que su sustituto debe generar el mayor consenso entre todas las formaciones políticas por lo que se ha negado a "un mercadeo político de este puesto".