Ranz desiste de la vía judicial tras la supresión de las calles franquistas
El abogado cree que mantener el asunto en los tribunales podría perjudicar el proceso.
dl | redacción
«No tiene sentido tener un proceso judicial abierto que incluso podría resultar perjudicial cuando ya se ha encontrado una solución». Es el argumento que ofrece el abogado madrileño de origen leonés Eduardo Ranz para explicar su desestimiento de la demanda que presentó en su día para que el Ayuntamiento de León, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, procediese al cambio de nombre de calles y espacios vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.
Después del acuerdo plenario que aprobó la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura para ser expuestos al conocimiento público y proceder a su eliminación, el letrado ve innecesario e incluso contraproducente mantener abierta la vía de los tribunales, declaró a Ical.
La capital leonesa cuenta con un total de 34 calles, glorietas o avenidas cuya pervivencia con su denominación actual supone un «manifiesto incumplimiento» de la Ley de Memoria Histórica, según argumentaba la demanda presentada por Ranz y admitida por el juzgado después de que el Consistorio desoyese el llamado derecho de petición que se ejerció en 2015.
Treinta y cinco calles y treinta personajes ligados al franquismo deben desaparecer del mapa urbano de León. La petición para la retirada de calles, incluidas en este saco, engloba también a otros once municipios de la provincia: Villaselán, La Vecilla, Val de San Lorenzo, Bustillo del Páramo, Toreno, Palacios del Sil, Villamontán de la Valduerna, Santa Marina del Rey, Valderrey, Castrocontrigo y Astorga. Precisamente la capital maragata cuenta igualmente con un contencioso.
Ranz ha ampliado los derechos de petición de la retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura a 167 municipios de Castilla y León. A los citados ayuntamientos, Ranz ha sumado 12 demandas judiciales ya admitidas a trámite, con lo que en Castilla y León hay 179 procedimientos legales, «que suman más que el resto de España». Y el socialista Álvaro Lora coordinará la Mesa de Trabajo de la Memoria Histórica con presencia de todos los grupos en las Cortes.