LEÓN ■ TRIBUNALES
Una argucia legal paraliza desde hace un año la pieza leonesa de la Púnica
Alejandro de Pedro recurre el expurgo de las grabaciones telefónicas y los ordenadores .
miguel ángel zamora | león
La pieza leonesa de la Operación Púnica permanece paralizada desde hace más de un año, a la espera de que se resuelva un recurso presentado por Alejandro de Pedro contra el expurgo de las llamadas telefónicas intervenidas por la UCO, el contenido del material hallado en los ordenadores registrados y el existente en los teléfonos móviles que fueron objeto de la investigación entre los investigados leoneses.
El expurgo consiste en la revisión del material en cuestión para su clasificación y posterior inclusión o no en el sumario que se enviará a la sala de la Audiencia Nacional que se encargará de juzgar los hechos. Fue solicitado poco antes de que el Ministerio Fiscal emitiera su escrito de calificaciones provisionales, que ha quedado paralizado y a la espera de que se abra de nuevo plazo para su presentación.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha tenido que volver a revisar el voluminoso material que constaba en la instrucción para llevar a cabo el expurgo en cuestión. Cuando concluya la tarea, seguirá la instrucción, que arrancó en el año 2014.
Por el momento, el único escrito que figura como presentado es el de la acusación particular que encarna la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adae), que solicita una pena que suma quince años de prisión para Marcos Martínez Barazón, anterior presidente de la Diputación Provincial, al que acusa de la presunta comisión de los delitos de fraude, revelación de secretos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y malversación de caudales públicos.
Manuel Jesús López Sánchez, interventor de la Diputación en aquella etapa, es supuestamente (siempre según Adae) autor de los delitos de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y malversación de caudales públicos, por lo que para él se propone una pena que suma once años de prisión.
Para Pedro Vicente Sánchez, en su calidad de coordinador de la Diputación, la asociación propone una pena total de nueve años de prisión, que derivaría de los epígrafes penales de fraude, cohecho y malversación que presuntamente habría cometido en relación con estos hechos.
Para los tres investigados, se añade además la presunta comisión de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público.
La asociación considera que cinco personas más estaban implicadas en la trama leonesa. Para el conseguidor Alejandro de Pedro propone once años de prisión, para José Antonio Alonso Conesa, anterior alcalde de Cartagena y cerebro político que supuestamente iba a diseñar el ascenso de Barazón en el PP, otros once años. Adrián de Pedro Llorca, hermano del conseguidor, se expone a una pena de seis meses de prisión, igual que dos empleadas de las empresas sospechosas de haber formado parte de la trama, Eico y Madiva Editorial.
Todos los procesados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Diputación Provincial de León con 101.280 euros, de acuerdo a la petición presentada.