Un juzgado anula multas por valor de 500.000 euros contra una empresa

miguel ángel zamora | león

La Tesorería General de la Seguridad Social tendrá que levantar el embargo de más de 500.000 euros que pesaba sobre los bienes de Knowledge Valley, una empresa de León, multada por considerar de forma errónea que estaba aplicando a sus trabajadores el convenio colectivo como compañía de servicios cuando en realidad se trataba de una empresa de ingeniería.

El fallo definitivo, contra el que no cabe recurso según consta en una diligencia de ordenación posterior a la sentencia, estipula que la empresa estaba aplicando correctamente el régimen adecuado y que la documentación que presentó estaba en regla.

La Inspección de Trabajo entendía que Knowledge Valley, regentada por Helí Ricardo Rodríguez, era «una empresa de ingeniería», por lo que sería de aplicación el convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, mientras que la empresa entendía que se trata de una empresa de servicios, «resultando de aplicación el convenio del sector de la «explotación electrónica de datos por cuenta de terceros».

En las numerosas facturas aportadas se comprueba que existía facturación «por actividades tan diversas como desarrollo de software, replanteo de instalación de ascensor/ mantenimiento antivirus, creación de formularios e informes, ejecutores de actividad informática, auditorías de procesos, mantenimiento de alarmas, mantenimiento informático de empresas, alojamiento en servidor de páginas web o correo electrónico.

Las dos sentencias del juzgado implican que las multas no se impusieron de forma correcta, por lo que procede levantar el embargo de los bienes que estaban sujetos a esta decisión ante la imposibilidad de la empresa de hacer frente al pago de las cantidades estipuladas en las multas, que ahora Contencioso-Administrativo 1 ha declarado incorrectamente impuestas.

INVESTIGACIÓN

De forma paralela, el juzgado de Instrucción número 3 de los de León, ha encontrado indicios de falsificación de documentos públicos por parte de una de las funcionarias de la Tesorería de la Seguridad Social, circunstancia que el empresario atribuye «al interés que tenían por cerrarme la empresa a toda costa». Por ese motivo, se han abierto diligencias: «Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de falsificación de documentos públicos, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial».

TUVO QUE CERRAR

Knowledge Valley tuvo que cesar en sus actividades en León, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las sanciones que se le impusieron en su momento. De la actuación derivó el despido de los ocho trabajadores que formaban la plantilla de la compañía mientras estuvo en activo.

La Seguridad Social mantiene, no obstante la existencia de una deuda de 6.915 euros de carácter personal y otra de 52.070 a nombre de la empresa, que según advirtió a este periódico el empresario, también serán recurridas en ambos casos.