León tiene 1,6 M€ en el aire a la espera de que el Supremo resuelva sobre la plusvalía

El limbo en el que se encuentra el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido de manera popular como plusvalías, hace que el Ayuntamiento de León tenga ‘en el aire’ más de 1,6 millones de euros ya recaudados pero recurridos por los contribuyentes. Eso, sin contabilizar otros 112 expedientes cuya cuota tributaria ni siquiera se ha liquidado, como admiten desde los servicios económicos municipales, que esperan a que el Tribunal Supremo cumpla con el anuncio lanzado hace dos semanas por uno de sus magistrados, Emilio Frías. En en el mes de julio, el Alto Tribunal emitirá una sentencia que siente jurisprudencia para resolver el aluvión de casos que se agolpan desde los juzgados de instrucción hasta el órgano jurisdiccional más elevado de España.

La sentencia vendrá a ordenar el caos en el que se encuentra el impuesto desde que, el 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional emitió el fallo en el que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Pese a que el texto limitaba esta anulación a aquellos casos en los que en la venta no su hubiera producido ganancias con respecto a la compra anterior del bien, algunos juzgados han aceptado casos en los que se produjeron ganancias por parte del vendedor. En los recursos de casación admitidos por el Supremo, que cada semana recibe «entre 30 y 40», como apuntó el magistrado, la mayoría se apuntan en este segundo caso, por lo cual el Alto Tribunal deberá pronunciarse sobre los dos aspectos.

Entre las reclamaciones registradas en el Ayuntamiento de León se apuntan las dos opciones. En la suma de los 503 expedientes acumulados en los servicios de recaudación municipal, 268 se corresponden con liquidaciones de las plusvalías en los que sí que se ha acreditado que la venta se produjo sin beneficios. En otros 123, los contribuyentes no aportaron prueba documental de que se había producido la operación inmobiliaria sin ganancias.

Por años, las reclamaciones se corresponden con expedientes desde 2012, cuando se apuntaron 4, y apenas variaron en los cuatro ejercicios siguientes: 60 en 2013, 62 en 2014, 44 en 2015 y 56 en 2016. Pero el grueso se anota a partir de la aparición de las primeras sentencias y, sobre todo, con el fallo del Constitucional, que hizo que en 2017 se registraran 123 plusvalías recurridas ante la administración municipal, donde en lo que va del presente año ya hay otras 42 liquidaciones pendientes de realizar.

La pronunciación del Supremo se adelantará a la tramitación de la reforma legislativa. A pesar de que el fallo del Constitucional ya avisaba de que correspondía al legislador «las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto, que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana», el Gobierno no ha logrado sacar adelante la tramitación. La proposición de ley promovida por el grupo del PP, después de meses de negociaciones con la Federación Nacional de Municipios y Provincias, se mantiene en el cajón. El borrador del texto recoge que se eximirá del pago del impuesto a las ventas con pérdidas, siempre que las acrediten los contribuyentes con las escrituras, y apunta que se aplicarán con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017. A mayores, establece un cambio del cálculo para las demás: los coeficientes máximos se rebajarán de manera considerable, del 3,7 actual al 0,11 en el primer año, y se ajustarán a periodos anuales, hasta un máximo de 20 años, en lugar de los tramos de 5 años actuales.