‘La Mari’ acusa a sus superiores en Caja España de haber ideado la estafa

María Consolación Suárez, la acusada de haber ideado la presunta estafa piramidal en Caja España de que la resultaron perjudicadas 128 personas y por la que el Ministerio Fiscal solicita para ella una pena de nueve años de prisión, sostiene en su escrito de defensa que fue simplemente intermediaria de los planes ideados por sus superiores y que es inocente de los cargos que se le imputan, además de que ha reparado el daño causado con la devolución de más de medio millón de euros a las víctimas del caso, si bien la Fiscalía calcula que el importe total de la supuesta estafa asciende a casi seis millones y medio. El juicio se celebrará durante al menos dos semanas en la Audiencia Provincial, previsiblemente a finales de año.

El escrito de defensa determina que la principal sospechosa del caso fue «simplemente una intermediaria entre sus familiares ya migos por un lado y sus jefes por otro». María Consolación tiene «la seguridad plena» de que el dinero «se invertía en el mercado de valores» aunque desconoce «por completo» en qué productos «o cómo se realizaban las inversiones en sí mismas, porque ella nunca intervenía en las gestiones.

DOS ETAPAS

El letrado defensor de la procesada, cuyo marido e hijo también están acusados de formar parte de la presunta trama y serán juzgados en la misma causa, distingue dos etapas diferentes, hasta el año 2011 y a partir de ese momento. Asegura en el escrito de defensa que desde 2001 hasta 2008 las rentabilidades eran de entre 90 y 200 euros por cada 6.000 invertidos y la fase posterior, en la que los réditos aumentan de forma notable.

Según la versión de la investigada, un alto cargo de la Caja le ofreció invertir en unos productos que solamente estaba reservados a unos pocos miembros del consejo de administración de la entidad financiera y a altos directivos de la compañía.

El cargo para el que la sospechosa trabajaba como secretaria de dirección, dio un paso más (siempre según la versión de su defensa) y le propuso que sumara a allegados y amigos, puesto que en esa etapa había fallecido una familiar directa.

María Consolación Suárez reconoce que de las operaciones no quedaba ninguna constancia oficial y que siguiendo indicaciones de sus superiores, no podía hacer mención a estas intervenciones en ningún caso. Agrega su defensa que es significativo que las acusaciones particulares no hayan podido presentar ningún testigo de que la acusada firmaba los recibos y los entregaba.

«En tres meses, solicitó créditos por valor de 475.000 euros a Caja España, aconsejada por sus jefes, para poder hacer frente al pago de los intereses de los productos que ofrecía, sin que saltase ninguna alarma en la entidad», destaca su letrado.

La defensa pone de relieve la existencia de contradicciones en las versiones de los tres directivos investigados en su momento y niega que se produjera un incremento de patrimonio, puesto que casas y coches fueron adquiridos antes del año 2002, gracias a que entre su marido y ella ganaban más de 7.000 euros mensuales.

Por eso, la defensa exige la libre absolución o subsidiariamente, que se le declare cómplice de estafa, con una pena de 18 meses de prisión como máximo, por la existencia de atenuantes.