Gersul aprueba el pago de los 23 M€ de la deuda a la empresa pero sin aclarar cómo

álvaro caballero | león

El acuerdo aprobado ayer por el consorcio provincial de residuos de León (Gersul) asienta la deuda pendiente con la UTE Legio VII, formada por FCC y Tecmed, en 23.021.336,42 euros por los cánones pendientes de 5 meses de 2009 y todo 2010. Pese a la abstención de la representante de San Andrés, la edil de Ciudadanos Olga Pérez, la cantidad quedó aceptada como buena dentro del acuerdo extrajudicial emplazado por el juez, que ahora debe dictar el auto de resolución para acabar con el pleito en el que las empresas llegaron a reclamar 59,6 millones. A partir de entonces, la entidad contará con 3 meses para pactar el método de desembolso del debito, si no quiere que vuelvan a contar los intereses de demora a un ritmo del 8%. En este tiempo, sin duda ya sobre lo que hay que pagar, el problema surge por definir con exactitud cómo.

Esta variable sustenta la advertencia de la Intervención, que la pasada semana subrayó su dictamen «desfavorable con reparo». El apunte no se inscribe en al acuerdo de la deuda, que se apoya en la mediación del juez y contra el que el encargado de la fiscalización no hace mención, sino por el apunte de que «no existe dotación presupuestaria alguna para financiar el reconocimiento de obligaciones propuesto». La situación de la tesorería hace que en la reunión quedara claro que habrá que acudir a una operación de crédito, bien mediante un pool de bancos o por un préstamo sindicado. La cantidad está aún por definir, aunque el interventor incidió en su exposición ante los miembros de Gersul en que debería cubrir los 23 millones de euros totales y firmarse con horizonte de amortización no inferior a los 10 años, dentro del periodo del contrato con la UTE que vence en 2024 y que tiene una posibilidad de prórroga por cinco ejercicios más.

Aunque el presidente de Gersul, Ángel Calvo, insistió ayer en que «la idea en principio es que no» se suban las tasas, la medida está encima de la mesa. Las entidades financieras con las que se suscriba el crédito exigirán garantías de la devolución, que tendrán que estar contenidas en el plan económico financiero que avale la operación. Entre estas medidas, también se expuso la posibilidad de que para cubrir el préstamo todos los ayuntamientos provinciales y las mancomunidades hagan una aportación proporcional a su participación. León debe casi 6 millones, San Andrés 2,5 y los ayuntamientos de Picos cerca de 600.000, pero su pago no será inmediato.

La decisión, como se acordó ayer en el órgano rector, se apoyará en la auditoría que se solicitará en los próximos días al Consejo de Cuentas. Pese a que el interventor ya envió un primer informe la pasada semana, Gersul solicitará que se habiliten desde el organismo especializado autonómicos dos auditores para radiografiar el estado del consorcio, cuyo presupuesto y cuentas están sin aprobar en los dos últimos años.