Interior rebajará a 90 por hora la velocidad en vías secundarias
El ministro propone aumentar la reducción de puntos por uso del móvil
El actual equipo del Ministerio del Interior abandona, por considerarla innecesaria, la iniciativa de su antecesor de sustituir por un nuevo texto la ley de Tráfico y sólo presentará reformas puntuales para rebajar la velocidad en las secundarias y castigar más el uso del móvil, entre otras medidas.
Así lo manifestó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia en el Senado, donde avanzó que se propondrá reducir de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en las carreteras convencionales o secundarias con arcén de 1,5 metros, a fin de homologar a España con los países de referencia de la UE.
El ministro apuntó que unas modificaciones puntuales de la Ley de Tráfico son «más realistas, operativas y eficaces» que una reforma integral. De esta forma, Interior afrontará una actualización del carné por puntos, que ya ha cumplido doce años, e incidirá en las distracciones al volante, primera causa de los accidentes mortales, por delante de la velocidad y el alcohol.
En este sentido, tal y como adelantó la semana pasada el director de Tráfico, Pere Navarro, se planteará un aumento de los puntos retirados por el uso del teléfono móvil al volante, especialmente el WhatsApp. Además, Interior está actualizando ya el plan de seguridad para las motos del 2008 e impulsará medidas específicas de atención a los colectivos más vulnerables —peatones, ciclistas y motoristas—, que en 2016, según recordó Marlaska, representaron ya el 48 % del total de los fallecidos en accidente de circulación.
Grande-Marlaska aventuró que probablemente este año los fallecidos de este colectivo superarán por primera vez en la historia a los muertos en vehículos sobre cuatro ruedas. «Este dato nos obliga a otorgar una atención especial a los colectivos vulnerables, fomentando la formación vial en todos los ámbitos, sociales y educativos», enfatizó.
Por último, el ministro pidió a los grupos parlamentarios su ayuda y colaboración para que la seguridad vial siga siendo una política de Estado y para «salvaguardar el consenso que los ciudadanos quieren y esperan».